Si comparamos el enorme gasto presupuestal destinado a la organización del proceso electoral 2017, agregado a las asignaciones de prerrogativas para los partidos políticos, quienes constitucionalmente tienen la obligación de fomentar la participación ciudadana han fracasado rotundamente. Una elección que no convoque siquiera al 50% del electorado es un fracaso. Algo o mucho habrá que hacer para aumentar la participación ciudadana de tal manera que quien obtenga el triunfo goce de mayor representatividad.