Xalapa- 2017-06-2008:50:45- Margarita y María tienen VIH. Ambas buscaron atención médica para vigilar sus embarazos y el nacimiento de sus bebés en el Sector Salud de Veracruz.

Su padecimiento las llevó a sufrir violencia obstétrica, maltrato psicológico, agresión verbal y discriminación por parte del personal médico, de enfermería y administrativo de dos de los más grandes hospitales de Veracruz, lo que derivó en la muerte de la hija de una de ellas.

De acuerdo a lo publicado en Anima Político, Veracruz es la cuarta entidad del País con más quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por maltrato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH del País, de acuerdo con Ricardo Hernández Forcada, director del programa de VIH de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Además es la segunda entidad que más menores reporta viviendo con VIH en el País, de acuerdo con las cifras de Censida. En 2016 se contabilizaron 380 personas de entre dos y 18 años en tratamiento antiretroviral en la entidad, a consecuencia de la transmisión vertical, es decir de madre a hijo.

Violencia obstétrica

“A las mujeres que tienen VIH, los casos que hemos visto, las maltratan, las ofenden, las humillan, no las quieren tocar, no las quieren atender, esas es una conducta que desafortunadamente se da mucho en los servicios de salud”, señala María de la Cruz Jaimes, directora del colectivo feminista Cihuatlactolli.

Cruz recuerda el caso de un menor que nació libre de VIH, sin embargo la enfermera obligó a la madre (quien sí era portadora del virus) a darle leche materna lo que causó el contagio del niño.

Pero dice la gente no denuncia por miedo a que les quiten las ayudas de los programas sociales o los medicamentos antiretrovirales que necesitan.
María de la Cruz Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas de ellas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, una ciudad en el centro de Veracruz, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, sin embargo la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato.

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Robos, pruebas falsas y desabasto

En Veracruz la violencia contra personas con VIH-sida es una cuestión estructural. En los últimos años se ha registrado desabasto y robo de fármacos antiretrovirales así como la compra de un lote de 70 mil pruebas rápidas de VIH que resultaron ser defectuosas.

Este producto, denominado “kit de Detección de VIH & VIH test” fue fabricado por Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, en China, pese a carecer de registro sanitario, según la Cofepris, fue comercializado en México por la empresa Comercio y Servicios Administrativos e Integrales del Golfo S.A. de C.V., que en internet aparece como una empresa dedicada a la venta de tecnología y no de insumos médicos.

Ponce Jiménez explica que estas pruebas originalmente fueron compradas para aplicarlas a mujeres embarazadas para detectar casos de VIH, y aplicar de manera oportuna los tratamientos antiretrovirales para evitar la transmisión vertical.

El Grupo Multisectorial aplicó las pruebas en pacientes con VIH para testarlas, fue entonces que salieron negativas y decidieron avisar a la Secretaría de Salud, cuyo titular entonces era Pablo Anaya. Las autoridades se comprometieron a que las pruebas se embodegarían y no serían utilizadas.

Salud compró otro lote de pruebas que al testarlas funcionaban de manera correcta y continuó su distribución.

Seis años después, la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación en Veracruz, por el uso de pruebas inservibles que sí fueron distribuidas entre la población.

El grupo señala que la Secretaría de Salud ha presentado denuncias por el robo de más de 200 dosis de fármacos antiretrovirales, ocurridos entre 2015 y 2016, de las cuales no se tienen reportes respecto de los avances que han tenido en manos de la Fiscalía General del Estado.

Los titulares de la Fiscalía General del Estado o de la Secretaría de Salud, Jorge Winckler e Irán Suárez, respectivamente, se han negado a dar entrevistas sobre el tema.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos señaló que se inició una investigación de oficio por las pruebas defectuosas, pero tomaría hasta seis meses tener resultados.

Agencias/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO