Ciudad de México- 2017-07-2009:24:16- A principio de año pasado, cuatro jóvenes y una menor de edad fueron víctimas de detención arbitraria, tortura, desaparición forzada y ejecución arbitraria en Tierra Blanca, Veracruz, hechos en los que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal en colusión con integrantes del crimen organizado.

Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación por graves violaciones a derechos humanos al mandatario de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, en la que señala que tras sus indagatorias, acreditó la violación a varias garantías fundamentales en agravio de estas cinco personas, y le exhorta a proporcionar una reparación integral del daño a los familiares de las víctimas y a colaborar con las autoridades correspondientes para sancionar a los responsables de esos crímenes.

En la recomendación, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, manifesta su preocupación por el hecho de que desde hace varios años exista en el estado una problemática de desaparición de personas, “motivada entre otras causas, por la falta de implementación de políticas públicas para prevenir y combatir este ilícito, además de la conjunción de impunidad, violencia, inseguridad y colusión de agentes policiales con el crimen organizado.

Lo anterior se traduce en violaciones graves a derechos humanos por el impacto que genera en las víctimas, sus familiares directos y la sociedad en general, porque los derechos vulnerados son los básicos e indiscutibles para la efectiva convivencia social en un régimen de respeto al Estado de Derecho, como son los relacionados con la dignidad humana y la integridad personal”.

Cronología

En el documento, el organismo nacional recuerda que el 11 de enero de 2016, las víctimas viajaban en un vehículo particular del Puerto de Veracruz hacia Playa Vicente, pero al llegar al municipio de la Cuenca del Papaloapan fueron detenidas por agentes de Seguridad Pública alrededor del mediodía.

Horas después, a las ocho y cuarto de la noche, policías estatales encontraron el automóvil en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz. El 13 de enero, un familiar de uno de los jóvenes presentó una queja en la CNDH, al alegar la posible desaparición forzada, pues no se sabía nada de los jóvenes desde dos días antes. El caso se difundió en distintos medios de comunicación los días 14 y 15 de ese mes, donde se dio a conocer que cuatro policías estatales involucrados en esos hechos habían sido detenidos por la Fiscalía General del estado.

Para la CNDH este caso, por su naturaleza y gravedad, “trascendió el interés del estado de Veracruz e incidió en la opinión pública nacional”, por lo que con base en lo dispuesto en la Constitución y en su Reglamento Interno, el organismo nacional atrajo las investigaciones.

Violaciones

Tras las indagatorias, la Comisión Nacional acreditó graves violaciones a las garantías fundamentales de las víctimas como a la legalidad, seguridad jurídica y a la libertad personal por la detención arbitraria, las cuales son atribuibles a servidores públicos de la SSP de Veracruz; a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura cometidos en agravio de estos jóvenes, en los que incurrieron los policías estatales y personas que, de acuerdo con las actuaciones ministeriales, reconocieron pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación.

Otras violaciones que se señalan en la recomendación son a la libertad e integridad personal por la desaparición forzada de las víctimas, imputable a integrantes de dicha organización criminal, quienes “contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de agentes de la SSP de Veracruz”; a la vida, con motivo de la ejecución arbitraria de los afectados, “toda vez que la Fiscalía General del Estado determinó que fueron privadas de la vida por parte de los delincuentes, que contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia de miembros activos de la policía estatal”.

También se vulneraron los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP de Veracruz, “por abstenerse de resolver en definitiva la responsabilidad en la Investigación Administrativa instruida en contra de los policías estatales involucrados en los hechos”.

Solicitud

Por ello, la CNDH solictó a Yunes Lineras a instruir que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de estos jóvenes la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos; se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, así como que el titular de la SSP estatal les ofrezca una disculpa pública institucional.

El gobernador también deberá colaborar en la integración de la carpeta de investigación que inicie la Procuraduría General de la República con motivo de la denuncia que formulará la CNDH por estos agravios contra quien o quienes resulten responsables por delincuencia organizada; en la integración de las investigaciones ministeriales que inicie la Fiscalía General contra los responsables de tortura y homicidio, de las conductas delictivas relacionadas con los restos óseos y/o humanos y los fragmentos dentales encontrados en el rancho “El Limón” y en las que se encuentren involucrados agentes policiales con el crimen organizado.

El ombudsman nacional también le solicita al mandatario estatal girar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes

Yunes Linares también deberá instruir al titular de la SSP la realización de un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho; se cumpla con las propuestas del “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender este problema en el estado, e implementar acciones inmediatas mediante políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad imperantes en esa entidad federativa.

Agencias/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO