Por Juan José Llanes

ENCUBRIMIENTO

Partiré de una hipótesis: el Instituto de Pensiones del Estado fue objeto de saqueo. Sus recursos fueron objeto de latrocinio desde tiempos inmemoriales y, particularmente, en el sexenio de Javier Duarte.
El sólo decir que es una “hipótesis” podría parecer ingenuidad, pero prefiero parecer ingenuo que herir susceptibilidades.
Si hubo saqueo, hubo delitos; si hubo delitos, hay responsables.
No se trata, tampoco, de delitos sin víctimas. Hay agraviados, ofendidos: los pensionados, en primer lugar; los contribuyentes veracruzanos, después, porque son dineros públicos.
Está demostrado que hubo trasiego de dinero del IPE a la Secretaria de Finanzas. Actos indebidos que les llamaron “préstamos”, o “apoyos solidarios”. Está demostrado que se hizo con la autorización del Consejo Directivo del IPE. Está demostrado que a los pensionados no se les cubrían a tiempo sus emolumentos. Está demostrado que ello violó Derechos Humanos y por eso se emitió una Recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. No necesita ser demostrado que violar Derechos Humanos es un delito.

Está demostrado, en consecuencia, que las víctimas de esos delitos son los 28 mil pensionados a favor de quienes se emitió la Recomendación. Está demostrado que ese trasiego de dinero de organismos descentralizados a la Sefiplan es considerado delito por este régimen. Está demostrado que, en otros casos, el enviar dinero de un OPD a Finanzas fue materia de persecución por parte de la Fiscalía General del Estado.
Está demostrado que desde hace un año, se integra la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia que interpusieron los pensionados. Está demostrado que, a la fecha, no se ha ejercitado acción penal en contra de ninguna persona por el saqueo al IPE.

Está demostrado que los integrantes del Consejo Directivo del IPE (los que conforman la fracción que se ostenta como “representante” de la clase trabajadora), que son los mismos que consintieron el saqueo durante el duartismo, siguen fungiendo como tales.
Debe el Gobierno de Miguel Ángel Yunes arribar a un punto de definiciones. También la Fiscalía General del Estado, asumiendo que tiene autonomía constitucional.
Deben precisar si para el yuneslinarismo y la FGE hubo o no saqueo al IPE. Deben explicar porqué esas conductas siguen impunes.
Que convaliden lo que pasó en el IPE, que proclamen la inocencia de los miembros del Consejo Directivo, y que asuman las consecuencias sociales, políticas y jurídicas.
O que expliquen porqué nadie está en la cárcel por el saqueo a Pensiones.
Lo único inadmisible y ofensivo es nada decir. Dejar la conclusión de una investigación ad calendas graecas.
Eso, señores, se llama encubrimiento.
Que expliquen porqué merecen impunidad los saqueadores del IPE, o que los juzguen.
Que lo hagan “Ya, ya, ya”, como cantaleteó en campaña el actual gobernador, prometiendo hacer justicia, o que reconozca que hay pactos de impunidad. No cabe ninguna otra explicación.