El desempeño de un gobierno debe su éxito a la implementación de planes y programas, atendiendo prioridades sociales de esencial importancia: la Salud, la educación y la seguridad públicas; pero en el sexenio de Duarte de Ochoa olvidaron esa premisa debido a la improvisación, la ineptitud y el sentido patrimonialista del ejercicio del poder, la corrupción señoreó en todas sus áreas. Una estadística que revela 639 obras inconclusas refleja ineficiencia e ineficacia y ausencia de vocación de servicio, más aún si 139 de esas obras refieren a clínicas y hospitales cuya finalización quedó pendiente. Por ese motivo no extraña que dos ex secretarios de Salud, Pablo Anaya y Antonio Nemi, presuntamente involucrados en actos de corrupción, se aferren al procedimiento del amparo para evitar ser aprehendidos para con esa protección enfrentar en libertad las denuncias en su contra.