Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
04 de julio de 2016

*Prisión preventiva forzosa
*Reclusorio Norte le espera

ANTES DE que concluya este mes, el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa estaría arribando a territorio mexicano para enfrentar los cargos que le acredita la Procuraduría General de la República por delincuencia organizada y operaciones con recursos de transferencia ilícita, delitos que de comprobársele le dejarían en prisión entre 25 y 40 años, aunque eso sería lo deseable, ya que el ex gobernante, con argucias legaloides estaría a buen resguardo alrededor de 10 y 12 años. Y aunque inicialmente ingresaría al Reclusorio Norte donde sería puesto a disposición del Juez de Distrito que le dictó las órdenes de aprehensión por los delitos federales, hay una corriente que pugna, incluso en redes sociales para que se le juzgue por crímenes de lesa humanidad y sea trasladado al Penal de Alta Seguridad del Altiplano –antes Almoloya de Juárez-, donde no tendría, precisamente, una estancia feliz dado la disciplina que prevalece en ese centro de reclusión.

TAL VEZ por ello, el ex Gobernador ya no estuvo tan sonriente en la audiencia de este martes ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, y más bien se le vio preocupado, aunque no abandonó su papel de perdonavidas cuando replicó que decidió allanarse, esto es, aceptar la extradición a México con relación a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que “no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de mi país”. Lo hará, insistió, para demostrar su inocencia en lo que respecta a esos ilícitos que el gobierno mexicano le imputa.

FUE UN Javier Duarte distinto, meditabundo, con severa intranquilidad reflejada en el rostro, aun cuando minutos antes de ser ingresado a la sala de juicios se mostró sonriente, bromista, y hasta golpeó en el vientre a un insistente reportero al que respondió que habría un comunicado al final, aunque no fue necesario, ya que el extraditable decidió acogerse al allanamiento luego de que su abogado guatemalteco, Carlos Velázquez dijo que en ningún momento las acusaciones que se le imputan a su cliente las han probado. Pero ¿cuál será el mecanismo de defensa de Duarte en México? Dicen los expertos que al ex Gobernador le enderezaron delitos administrativos cuando ya no era mandatario Estatal, y esa es una causal a su favor, sobre todo porque ambos juicios de extradición –el Federal y Estatal- son por 570 millones de pesos, en el primer caso –que se supone era el más fuerte-, en el cual se le acusa de haber desviado 350 millones de pesos a más de 40 empresas fachada, además de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y en el segundo, la Fiscalía Estatal presentó como base dos órdenes de aprehensión libradas por un juzgado del fuero común en las que le imputan la comisión de cinco delitos: abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, tráfico de influencias, coalición de servidores públicos y peculado por 220 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de agua potable, alcantarillado y modernización de infraestructura pluvial.

POR ELLO Carlos Velázquez, abogado principal del ex gobernador en Guatemala, dice que cualquier abogado en México podría rebatir las acusaciones Federales ya que estas “no difieren mucho” de la que realizó la Fiscalía de Veracruz la semana pasada, y que el propio Duarte calificó de “irrisorias, infundadas, ligeras, vagas e imprecisas. Son figuras directamente relacionadas con administración pública, entonces tienen que ubicarse en el tiempo, modo y lugar de la situación para saber si fueron dentro del procedimiento cuando él era gobernador o son acusaciones que vienen cuando él ya no tenía fuero; por eso hay que evaluarlas, porque son estrictamente delitos administrativos ´con un trasfondo político´”.

EN EL caso de los delitos del fuero común, el ex gobernador es acusado por la Fiscalía Estatal de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, por lo que no son considerados ilícitos graves, no así los delitos que le imputa la PGR por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. No es secreto que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el País, sólo siete ilícitos serán considerados como graves y, por lo tanto, los infractores serán encarcelados preventivamente durante el proceso; en el resto los imputados podrán enfrentar las acusaciones en libertad. Y es que de acuerdo al artículo 19 de la Constitución, el juez ordenará la cárcel preventiva en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y en el caso de Duarte la acusación principal es por delincuencia organizada.

PORQUE SI los delitos que le imputan se concretarán al enorme saqueo que le acreditan, a partir de los cambios legales aprobados, si una persona es acusada de un fraude millonario o se le imputa, incluso, el abuso sexual en agravio de un menor, por solo citar ejemplos, debido a que estos crímenes no están en la lista de los clasificados como graves, los presuntos responsables podrán enfrentar las acusaciones en libertad. El Ministerio Público sólo tendrá las facultades de solicitar la prisión preventiva cuando “otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, en el desarrollo de la investigación, la protección de las víctimas, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido procesado previamente por un delito doloso”.

POR ELLO Duarte, pese a tener bien planeadas sus argucias legaloides -y acaso por ello ha decidido allanarse-, simple y llanamente no se librará de la prisión preventiva a su llegada al País, y en el peor de los casos, pasará largos años en una cárcel de máxima seguridad los próximos siete u ocho años para, finalmente, como Raúl Salinas de Gortari, ser llevado a una prisión menos severa, eso si los delitos de lesa humanidad no prosperan, y si alguno de los capos detenidos recientemente no lo empinan. El asunto es realmente, peliagudo. Así las cosas… OPINA carjesus30@nullhotmail.com