Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
19 de julio de 2017

*Affirmanti incumbit probatio
*Delitos Federales: el desvelo

ODIO DECIR se los dije, pero se los dije: lo endeble de las carpetas de investigación enderezadas por la Fiscalía General del Estado en contra de Javier Duarte de Ochoa, ha dado como resultado que la Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo, suspendiera provisionalmente dos órdenes de aprehensión del fueron común libradas contra el ex mandatario preso en el reclusorio Norte en espera de la resolución su caso el próximo sábado, y eso que el trámite de garantías 614/2017 fue presentado el lunes por su defensa, luego de haber llegado a México extraditado desde Guatemala. El asunto preocupa porque al paso que van las cosas, Duarte –si bien obtendrá prisión preventiva oficiosa-, en pocos años estaría disfrutando lo que, presuntamente, robó a los veracruzanos, y en este espacio se dijo con claridad: “el ex Gobernador podría librarla en breve tiempo si las carpetas de investigación que le imputan no están sustentadas, independientemente de que el 99 por ciento del delito de delincuencia organizada suele quedar impune en el País debido a la excesiva complejidad que entraña la acreditación de la organización criminal que permita sustentar la existencia de ese ilícito”. Y solo para probar lo dicho, basta recurrir a las cifras oficiales que en materia penal difundió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que alerta que el año pasado en México se cometieron 2 mil 270 delitos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de los cuales sólo 19 fueron esclarecidos, lo que significa que únicamente en 0.8 por ciento de esos ilícitos se logró la captura de los responsables y se dictó sentencia condenatoria.

PERO POR si quedaran dudas, la más reciente actualización de las cifras oficiales en materia penal hechas por el propio Inegi, advierten que en 2016 fueron capturados y declarados formalmente presos, para enfrentar juicio, 299 presuntos responsables de 1 mil 825 actos considerados por la autoridad como “delincuencia organizada”, pero de ellos sólo dos obtuvieron sentencia condenatoria, y esos dos sentenciados, de hecho, fueron los responsables de los 19 delitos que la autoridad federal logró esclarecer desde 2012, los cuales fueron cometidos en Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Sonora y Veracruz.

Y ES que en México, lo citamos en la entrega del lunes, suele persistir cierta confusión entre delincuencia organizada y asociación delictuosa, por lo que el juez que lleva la causa de Duarte tendrá que demostrar los límites entre uno y otros ilícitos y establecer hasta donde pudo incurrir en el primero. Dejamos claro, también, que no se trata de una defensa del ex gobernante , porque nada tendríamos que defenderle a un sujeto que convirtió a Veracruz en cueva de bandidos y en un desastre financiero del que difícilmente podrá levantarse en 15 o 20 años, sino de la puntualización de lo que podría ocurrir si el juzgador incurre en fallas jurídicas, producto de avorazamientos, como ya ocurrió en la Entidad cuando el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró que entre bienes y dinero había incautado a Duarte algo así como 1 mil 400 millones de pesos, cuando el desvío que le imputa la Fiscalía General del Estado es de solo 220 millones de pesos que estaban destinados a obras públicas de agua potable, alcantarillado y modernización de infraestructura pluvial, en pocas palabras -lo enmarcamos-, con las incautaciones realizadas, el ex gobernante, simple y llanamente ya reparó el daño financiero cometido al Estado, por lo que de no serle aceptado el argumento puede apelar a un acuerdo reparatorio y en caso de serle negado, con promover un incidente o amparo la tendría librada.

AHORA BIEN, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz convocó este miércoles a conferencia de prensa para reiterar que es falso que las órdenes de aprehensión libradas por los jueces de control en el Estado en contra de Javier “N” se hayan cancelado o anulado, así como también es falso que dichos procesos se hayan caído, y en realidad nadie afirmó lo contrario, no quienes tienen un conocimiento mínimo del derecho, ya que el amparo concedido fue provisional, aunque no se descarta que pudiera ser definitivo en los próximos días por lo endeble de las carpetas, lo que le ha motiva a señalar que el ex gobernador puede ser juzgado por otros delitos que no se encuentren señalados en la solicitud de extradición, ya que “debe considerarse que cualquier investigación que provenga de fechas anteriores a la detención en Guatemala de este personaje, no pueden verse restringidas o anuladas por el llamado principio de precariedad que rige el tratado de extradición México-Guatemala.

PERO VOLVIENDO al tema inicial, los reportes sobre incidencia delictiva que elabora el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deja ver que el año pasado en todas las Entidades de la república se iniciaron procedimientos judiciales por conductas tipificadas como delincuencia organizada, y en nueve Estados –incluido Veracruz- se concentró el 71 por ciento de las violaciones a la Ley Federal Contra ese ilícito (1 mil 627) y fue en estas mismas Entidades donde se capturó a 71 por ciento de los procesados (212 presuntos delincuentes que enfrentan juicio en prisión), aunque ello no indique que hayan sido sentenciados, ya que las disparidades entre el número de delitos registrados y el de presuntos responsables capturados son notorias: en Guerrero, por ejemplo, donde se cometieron 308 violaciones a la ley contra la delincuencia organizada, sólo se inició proceso contra 23 detenidos, ninguno de los cuales ha sido sentenciado. Veracruz fue quien más capturas por ese tipo de delitos realizó, con 50 presuntos responsables que enfrentan juicio en prisión, aunque sólo uno ha sido condenado.

EL “ONUS probando” (la “carga de la prueba”), es una expresión del principio jurídico que señala que quien denuncia está obligado a probarlo ante los tribunales, pues de acuerdo al viejo aforismo de derecho, lo normal se entiende que está probado, lo anormal es lo que se debe probar, por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo (“affirmanti incumbit probatio”: ‘a quien afirma, incumbe la prueba’), y eso fue, precisamente, lo que no pudo hacer la PGR en la primera audiencia contra el ex Gobernador, y aunque la dependencia considera “irrelevantes en esta etapa del proceso” el desconocimiento del Ministerio Público, lo cierto es que esas fallas podrían abonar a favor del acusado si no designan fiscales que conozcan los expedientes incriminatorios. Así las cosas. OPINA carjesus30@nullhotmail.com