Cuando la clase política mexicana se percató del peligro que les representaba la total autonomía del IFE de inmediato corrigió el rumbo y controló el nombramiento de consejeros en congruencia con sus intereses. La Auditoría Superior de la Federación ha corrido la suerte de su autonomía y ésta se acredita con los reportes que han exhibido las corruptelas de no pocos gobernadores; sin embargo, en los Estados, los órganos de fiscalización y de Control fueron anulados de inmediato, pues es un eufemismo la autonomía del Poder Legislativo a cuyo cargo está el nombramiento de sus titulares. El mismo fenómeno se repite con las Fiscalías y se reproducirá en las réplicas estatales del Sistema Nacional Anticorrupción en que se requiere mayor participación ciudadana para vigilar y acaso evitar las serviles obsecuencias de los Congresos locales.