Es difícil la situación jurídica de Antonio Gómez Pelegrín, último Secretario de Finanzas en el sexenio de Duarte de Ochoa, pues las investigaciones sobre su desempeño revelan decisiones gravemente lesivas a diferentes sectores de la administración, entre ellos al de la Salud, en donde se reporta que no aparecen 751 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS) del ejercicio 2016. No que necesariamente Gómez Pelegrín se haya apropiado de ese dinero, pero debe explicar su destino, quien dio la orden o si actuó motu proprio, en cuyo caso merece pena judicial por haber afectado al Sector encargado de atender la salud de los más desprotegidos de la entidad. ¿Lo obligaron a “licuar” diferentes partidas y obedeció solo por conservar el cargo? Eso se esclarecerá en el curso del caso judicial que se le sigue.