Ciudad de México- 2017-07-0609:59:29- Agencias

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) junto con junto 100 organizaciones mexicanas hicieron público ayer un informe, que presentarán hoy ante la Corte Penal Internacional (CPI), en el que documentaron la colusión de Los Zetas con autoridades gubernamentales de Coahuila para cometer delitos como tortura y desapariciones forzadas entre 2009 y 2016.

Las organizaciones pidieron que se abra un expediente preliminar sobre México.

Ataque sistemático Los hermanos Moreira, Humberto y Rubén, han gobernado Coahuila de 2005 a 2017, periodo en el que se cometieron dichos crímenes.

Diferentes investigaciones periodísticas y testimonios de víctimas dan cuenta de que las autoridades gubernamentales estaban al tanto de lo que ocurría en la entidad, incluso mencionan una estrecha relación con Los Zetas.

De acuerdo con el testimonio de un exmiembro en una Corte de San Antonio, Texas, Estados Unidos, difundido en 2016, este grupo criminal habría financiado la campaña del ahora gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés.

El mexicano identificado como Adolfo Tavira declaró que observó a Los Zetas preparar una camioneta Chevrolet Suburban repleta de dinero en efectivo destinada para apoyar a Rubén.

“Se hicieron algunas contribuciones de campaña para el Gobernador”, testificó Tavira, de acuerdo con el diario San Antonio Express News.

De acuerdo con el informe “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes delesa humanidad”, Los Zetas y las fuerzas especiales responsables de la seguridad en Coahuila cometieron “un ataque sistemático contra la población civil”.

“La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión.

“Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales”, destacaron las organizaciones en el informe con miras a que se concrete el inicio de una investigación.

Registran 500 casos La comunicación presentada a la CPI se basa en 500 casos de detención arbitraria, tortura y desaparición forzada, y en particular de los expedientes de 73 víctimas.

La FIDH también ha usado información disponible de fuentes abiertas para documentar dos sucesos especialmente graves.

Uno es la denominada “Masacre de Allende”, una localidad arrasada por miembros de Los Zetas durante tres días de marzo de 2011 “aparentemente como consecuencia de un ajuste de cuentas”, según el documento de la FIDH.

El ataque causó decenas de muertos y se produjo sin que intervinieran las autoridades debido a que “para ese entonces Los Zetas ya tenían a su servicio a los veinte policías de Allende”, se asegura en el informe.

La evidencia, precisó el informe, sugiere que no solo el municipio sino también el gobernador de la época, Humberto Moreira Valdés, estaba al tanto de lo que pasaba y que Los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las fuerzas de seguridad.

La representante de la FIDH ante la CPI, Carrie Comer, resaltó que algunos supuestos miembros de Los Zetas detenidos y juzgados en Estados Unidos ya han explicado ante los jueces la colaboración existente entre las autoridades mexicanas y el cártel.

“Eso está en los registros públicos del sistema de justicia de Estados Unidos, pero como se enfrentan a cargos de tráfico de drogas no se hace un análisis contextual de los crímenes contra la humanidad que se han cometido”, indicó.

“Llegamos a la conclusión de que existe un ataque sistemático dirigido contra la población civil en Coahuila”, dijo la representante de la FIDH.

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