Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
10 de julio de 2017

*Prisión por portación de armas
*Robo a ductos y tráfico humano

SI UNA persona es detenida con un arma de fuego prohibida por la ley, no cuenta con un empleo o forma honesta de vivir y no acredita la posesión del artefacto, es lógico que no la utiliza para algo bueno, como podría ser la autoprotección, y mucho menos si tiene antecedentes penales por hechos delictivos de alto impacto como crimen doloso o asalto con violencia. Es por ello que resulta inexplicable que con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el País, sólo siete tipos de delitos sean considerados graves y, por consiguiente, los infractores serán encarcelados preventivamente durante el proceso, mientras que en el resto de ilícitos, incluidos portación ilegal de armamento, los imputados puedan enfrentar las acusaciones en libertad. Y es que de acuerdo al Artículo 19 Constitucional –al que apelan diversos grupos delincuenciales para obtener su libertad cuando son aprehendidos con armas de fuego-, “el juez ordenará la cárcel preventiva en los casos de crimen organizado, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, esto es, primero se debe acreditar la comisión de un crimen y, posteriormente, la posesión del arma –y no al revés-, y eso fue lo que a punto estuvo de dejar en libertad a los presuntos agresores del coordinador Estatal de la Policía Federal –en Cardel-, Juan Camilo Castagné Velasco y el inspector de la misma corporación, José Rigoberto Peña Cárdenas, porque se les consignó inicialmente por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, no considerado delito grave en el nuevo Código, y no por la comisión de crimen doloso.

A PARTIR de los cambios legales, si una persona es acusada de un fraude millonario, se le imputa el abuso sexual en agravio de un menor o se le detiene en posesión de arma de fuego, por citar ejemplos, debido a que esos crímenes no están catalogados o clasificados como graves, los presuntos responsables podrán enfrentar las acusaciones en libertad. Y aunque si bien es cierto que el nuevo modelo de justicia donde prevalece la presunción de inocencia, es una batalla que la sociedad ganó, al paso de los días se ha convertido en un severo dolor de cabeza para los gobernados que observan como infinidad de delincuentes recobran la libertad al apelar a los beneficios que le dispensa la ley por no están dentro de los siete delitos que ameritan prisión preventiva obligatoria.

Y SI bien el modelo privilegia la conciliación entre las partes, de tal suerte que el infractor repare el daño, y sólo en los delitos graves que más impactan a la sociedad se envíe a la cárcel a los presuntos responsables, lo cierto es que muchos que deberían estar dentro, siguen en las calles engendrando violencia inusitada, y acaso por ello, Senadores y Diputados del PRI impulsan un urgente proyecto de reforma a las leyes que conforman el nuevo sistema penal acusatorio, el cual plantea tipificar como delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, el robo de hidrocarburos, así como el tráfico de migrantes, ilícitos que ameritan penas más altas y prisión preventiva.

SE TRATA de dar respuesta a la preocupación del presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Miguel Ángel Mancera; del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales y de la propia sociedad en torno al incremento de la criminalidad a partir del puesta en marcha del nuevo sistema penal que abre las puertas de la cárcel a la delincuencia, y en ese sentido proponen modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que la portación de armas de fuego, el robo a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el tráfico de migrantes no permitan a quienes cometen esos delitos llevar el proceso en libertad, ya que son conductas ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada. En ese sentido, incluirán como delitos que merecen prisión preventiva oficiosa los ya mencionados para asegurar la presencia del imputado durante el proceso, evitar el riesgo de fuga y la reiteración delictiva, así llevar el juicio en libertad aquellos que estén acusados de financiar el terrorismo.

LA DEMANDA de reformar el nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) ha sido planteada, también, por el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a partir de la liberación por parte de un juez Federal de 10 presuntos implicados en el asesinato de dos oficiales de la Policía Federal, y aunque existen quienes se oponen a esa propuesta, lo cierto es que debido a los momentos que atraviesa el País es necesario hacerlo, ya que la pretensión es fortalecer la operación del sistema de justicia penal y adecuarlo a los reclamos de la sociedad, pues a pesar de los avances aún se enfrentan retos en la aplicación de algunas leyes, sobre todo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es que si se lleva a los imputados ante la justicia con transparencia, claridad y eficiencia, la aplicación de la justicia será correcta, pero para ello debe adecuarse un sistema aun inentendible no solo para infinidad de abogados sino, el colmo, para un número indeterminado de ministerios públicos, fiscales, procuradores y jueces.

PERO LA reforma que plantea el PRI va más allá; propone regular la intervención de comunicaciones, de tal suerte que plantea separar la geolocalización geográfica en tiempo real y entrega de datos conservados. Y es que ambas no pueden equipararse, ya que el llamado espionaje telefónico constituye una restricción constitucional al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y su ejercicio está condicionado a la autorización judicial que sólo pueden solicitar los titulares del Ministerio Público en los estados y el titular de la Procuraduría General de la República”. Los plantean un catálogo de delitos que no requieran de orden judicial para llevar a cabo la localización geográfica en tiempo real, a fin de garantizar la solicitud y entrega de información de manera expedita, y máxime cuando se encuentra en peligro la vida e integridad de personas víctimas de delitos de alto impacto como el secuestro, y en ese sentido, proponen que en caso de que un juez de control niegue la orden para intervenir el teléfono y otras comunicaciones privadas, el MP deberá requerir de nuevo el permiso, ya que el acto procesal no caduca, permitiendo así al fiscal cumplir con las obligaciones inherentes a su encargo, en un plazo no mayor de 12 horas. Así las cosas. OPINA carjesus30@nullhotmail.com