Por David Quitano
15 de julio de 2017

 

Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías

Confucio

Los costos económicos y sociales tanto en México como en América Latina, a causa de la corrupción y sus adláteres, son faros que iluminan negativamente el hemisferio occidental. Profundos son los mares llenos de literatura donde a lo largo de la vida postrevolucionaria se ha reclamado su combate.

Negar la realidad nunca la ha transformado, y revivir el pasado nunca ha mejorado el presente. Lo único que existe del pasado- nos dice Zunzunegui- en el momento presente son patrones anquilosados, arcaicos y muy poco funcionales que seguimos trayendo hasta nuestros días desde el siglo XVI, y a veces atrás.

La lucha contra la corrupción en nuestro país, inicia por allá del año 1982 con la “Renovación Moral” lanzada por el presidente De la Madrid con la creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), pasando años más tarde con el gobierno del cambio a la creación en 2002 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y de ahí hasta el 2015 con la elevación a grado constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ya que la tolerancia por la opacidad es cosa del pasado. De acuerdo con las encuestas emitidas por Latinobarómetro, los habitantes de la región señalan a la corrupción como el tercer problema más grave, después de la delincuencia y el desempleo, pero por encima de la inflación y la pobreza.

Al mismo tiempo, las sociedades más allá de ideologías partidista han empezado a calificar a sus políticos por la impresión que proyectan de ser o no confiables. Ante ello, el pantano de lo dudoso en el cual habita nuestro país, referente al tema, ha requerido poner en marcha acciones que brinden candados, con los cuales se limite que estas prácticas sigan coexistiendo.

Ya que la idea de amnesia histórica no cabe, en un ambiente social donde el enriquecimiento al margen de la ley es evidente y además grotesco. Así, el día 13 de julio del presente año en Veracruz, se aprobó con mayoría calificada, el Sistema Estatal Anticorrupción, hecho que celebro y por el cual hago votos, sin embargo, debemos ser cuidadosos ante tal festejo.

Mas allá de ser un instrumento del Estado mexicano y de contar con facultades de investigación, la creación de indicadores y la puesta en marcha de un sistema de pesos y contra pesos, urge también, que se realice una evaluación ex ante, de quien será el quicio en el cual se soporte: la Fiscalía General del Estado y el Órgano de Fiscalización del Estado.

Es absurdo juzgar moralmente la historia o lamentarse de ella. Tenemos que fincar mejores escenarios para el futuro, y eso no se resuelve con simulación, precisamente por eso, es que el próximo Fiscal Anticorrupción para Veracruz, debe contar con una visión republicana y una conducta honesta de vivir, a fin de hidratar de certeza un ambiente que se torna muy contaminado cuando hablamos de la administración gubernamental en sus 3 ordenes.

A efecto de que tan importante hecho, no sea un ejercicio de legitimación de lo cotidiano. Expreso lo anterior, ya que he realizado algunas investigaciones para dar tratamiento al fenómeno, concluyendo, que sin bien el tema requiere un marco normativo determinado con el cual se pueda impartir ley, también es cierto que requiere revisar a la misma en aras de generar transparencia y eliminar los incentivos que motivan su cotidianidad.

Espero, que quien encabece dicho órgano autónomo, sepa sobre el tema, y no se elija un neófito que “venga a aprender”, ya que esto es impostergable, no está de más decir, que la corrupción es como una termita que se come poco a poco al Estado Mexicano. Como mencionaba, es inaplazable reducir los incentivos para su ejercicio, ya que nos cuesta 9% del Producto Interno Bruto(PIB) nacional, casi dos veces el aporte de la economía Veracruzana con todo y activos petroleros, al PIB de México.

¡A esperar, y que sea para bien de México!