Chihuahua y Veracruz no cumplieron con aprobar antes del 18 de julio las leyes locales de su sistema anticorrupción, informó el IMCO.

En el caso de Veracruz, el Congreso estatal aprobó la semana pasada la reforma constitucional, pero no así la ley del Sistema Local Anticorrupción.

Los estados de Chihuahua y Veracruz fueron las dos entidades del País que no cumplieron con el mandato legal de aprobar antes del 18 de julio las leyes de su Sistema Local Anticorrupción (SLA), informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al dar a conocer la última actualización del Semáforo Anticorrupción, el Instituto señaló que en Chihuahua, donde gobierna el panista Javier Corral, el congreso estatal no aprobó ni la reforma constitucional ni la ley del Sistema Local Anticorrupción.

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA), publicada el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció un plazo de un año, que venció ayer, para que los estados hicieran los cambios legislativos necesarios para la implementación de sus sistemas locales anticorrupción.

Estos cambios, de acuerdo con la reforma constitucional del 2015, tienen que ser conforme a la establecido por la propia Constitución y la LGSNA.

Al analizar qué tanto los estados se apegaron a los principios establecidos, el IMCO señaló que en el caso de las 31 reformas constitucionales locales, 22 de ellas son satisfactorias, ocho regulares y una deficiente.

“La reforma de Baja California es deficiente principalmente por la conformación de su Comité de Participación Ciudadana que es de 15 miembros, de los cuales 11 forman parte del Comité Coordinador”, detalló el IMCO.

“En Tabasco, a pesar de tener una reforma constitucional regular, preocupa que no se establece la obligación explícita de presentar declaración patrimonial y de intereses”.

Respecto de los 29 estados que cuentan con la ley del SLA, 21 de ellas fueron calificadas como satisfactoria y ocho como regulares.

El IMCO manifestó que existen algunas preocupaciones en las conformaciones de algunos sistemas, tal es el caso de la Ciudad de México, en donde se omitió el mandato de que el secretario técnico del Comité Coordinador sea designado a propuesta del Comité de Participación Ciudadana.

“La Asamblea Legislativa es la que lleva a cabo el nombramiento del Secretario Técnico, sin respetar el modelo de la Ley General del SNA. Además, se eliminaron los requisitos de no formar parte de un partido político o haber desempeñado cargo de elección popular en 4 años”, señaló.