Agencias

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México para enfrentar a la justicia en este país; sin embargo, lo hará para demostrar su inocencia en lo que respecta a estos los ilícitos que el gobierno mexicano le imputan

“He decidido allanar con relación a los delitos operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el poder judicial de mi país”, aseguró.

TRANSMISIÓN DE EXCÉLSIOR

En tanto, su abogado Carlos Velázquez indicó que en ningún momento las acusaciones que se le imputan a su cliente no han probado, supuestamente, vínculos con éste, por lo tanto se aceptaba la extradición a México.

“En ningún caso se demostró que el grupo delincuencial sea liderado por Duarte de Ochoa. Se trata de desviar la atención de que hay una persecución política, porque se le está dando el matiz de desvío de fondos y comprar fondos, pero las otras personas que se mencionan no tienen ninguna relación con el imputado”, aseguró.

Esto, luego de que el fiscal de Guatemala, José Galdamez, aseguró la solicitud de extradición contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por parte del gobierno mexicano cumplió con todos los requisitos para que ese proceso se cumplimente.

La solicitud cumple con todos los requisitos legales establecidos en el tratado de extradición entre Guatemala y México; que los medios de prueba cumplen que hay una investigación basada en ley y con fundamentos fácticos y jurídicos que respaldan el pedido; y que la extradición es para la aplicación de la ley para evitar que los delitos cometidos queden impunes”, dijo el fiscal.

El funcionario guatemalteco leyó los cargos que fueron presentados por la PGR contra Duarte de Ochoa, entre los cuales también se involucró a su esposa Karime Macías para la obtención de recursos del gobierno de Veracruz para su propio beneficio.

En una de las 19 pruebas que presentó la PGR, el exmandatario aseguró que ésta tiene datos erróneos y se encuentra viciada, ya que su nombre no aparece como propietario de 21 parcelas en un ejido en Lerma, Campeche.

“En ninguna de las pruebas aparece mi nombre de ninguno de mis familiares directos. La propia solicitud formal de extra aclara que ni fui ni soy ni seré ejidatario de ningún ejido en mi país. Es un punto importante porque esa prueba está viciada”, dijo Duarte de Ochoa.

El pasado 27 de junio, el detenido aceptó ser allanado a México para enfrentar a la justicia por las acusaciones “irrisorias”, afirmó, por las cuales lo señala la administración de Veracruz.

Los delitos del fuero común que pesan sobre él son abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

El ex mandatario fue detenido el pasado 15 de abril en el municipio de Panajachel y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel Militar de Rafael de Matamoros.

PGR SE DECLARA INCOMPETENTE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sostiene una batalla legal contra la Procuraduría General de la República (PGR), luego que ésta se declaró incompetente para investigar actos de corrupción del Gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

De acuerdo con Reforma, en cuanto la PGR recibía las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las mandaba directamente a la Fiscalía de Veracruz y ésta a su vez corría… pero a archivarlas, incluso desde el primer día. De esto, los de la ASF no fueron informados y se enteraron por cuenta propia, hasta que se percataron que la Procuraduría no encabezaba investigaciones iniciadas a raíz de sus denuncias.

Al preguntarle a la PGR qué onda con sus denuncias, ésta se declaró incompetente en la investigación de 13 expedientes, bajo el argumento de que los delitos que constaban en las acusaciones eran del fuero común, así que eso le correspondía a la Fiscalía jarocha… en la que despachaba Ángel Bravo Contreras, amigo personal del buen Javidú.

Una de las denuncias señalaba que fueron desviados varios millones de pesos destinados al sector salud y a la realización de obras de infraestructura. Y para que vean cómo es rápida la justicia, ésta llegó en sólo 16 minutos, tiempo que demoró el controlador de la administración de Duarte en manifestar que los recursos fueron debidamente aplicados. “Ahhhh, bueno”, dijo el Fiscal… para una hora después decretar el no ejercicio de acción penal.

Debido a la cuestionable forma de actuar de las autoridades veracruzanas, la ASF reclama legalmente la determinación de la PGR de declinar su competencia en las averiguaciones contra Duarte, sin antes recabar su opinión antes de enviar las investigaciones a Veracruz. Es decir: tomar la decisión a sus espaldas. Así, solicitó invalidar los acuerdos de incompetencia dictados por la Dirección General de Asuntos Especiales y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.