Lo claro es que el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue protegiendo, como lo hizo durante el transcurso de ambos regímenes, a Javier Duarte de Ochoa. No puede quedar más manifiesta la complicidad que con la patética actuación de los fiscales enviados a comparecer en la primera audiencia del proceso en México.

Aunque pensándolo bien, podría ser algo mucho más simple: la extraordinaria mediocridad, ineficiencia e ignorancia que hay en los funcionarios públicos, muy señaladamente los ministeriales, por cuya incompetencia profesional el nuevo sistema de justicia penal está peor que con los vicios y errores con que de por sí fue construido.

Es oprobioso que los hechos reales de un desfalco cometido por el ex gobernador Duarte, su mujer y sus testaferros tengan a 8 millones de ciudadanos en la desolación, que la prensa internacional mida en su dimensión el tema con una cobertura de todo el día a la traída del delincuente más cínico y repudiable de la Historia reciente, y que veamos inermes cómo se está construyendo la liberación de un individuo para quien estar en el noveno círculo de Dante sería poco castigo.