Por si acaso…
Por Carlos JesúsRodríguez Rodríguez
20 de julio de 2017
*Yunes ayudaría al exgobernante
*Desconocimiento de las leyes

DICE LA Suprema Corte de Justicia de la Nación en el análisis de “La prueba en el sistema acusatorio en México. Prueba ilícita: eficacia y valoración”, que las pruebas ilícitas –léase videos, audios y videograbaciones- solo son lícitas y aceptados si son obtenidas por mandamiento judicial, ya que en el estricto orden esquemático, “prueba” deriva de las palabras probo, que se refiere a lo bueno y honesto y, probandum, que significa recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe, acción o efecto de probar, razón con que se demuestra una cosa, indicio o señal de algo”, pero al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, abogado de profesión –aunque, tal vez educado en el viejo sistema penal inquisitivo en donde la prisión preventiva es la regla y no la excepción-, las cosas no le quedan claras, y en ese sentido ha demandado a la Procuraduría General de la República que lo llame a declarar como testigo en torno a las investigaciones que realiza en contra del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, fin de aportar como “pruebas lícitas” los videos que grabó de sus “reuniones” en Canadá con Moisés Mansur y Juan José Janeiros, así como en Veracruz con Franky García, tres de los principales implicados en la red de presuntos ilícitos cometidos por el ex mandatario, filmes que habrían sido obtenidos contra la voluntad de los entrevistados y acaso bajo presión de amenazas, lo que les hace inválidos y, de paso, violaría el debido proceso a favor del inquilino del Reclusorio Norte.

Y ES que en el texto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el capítulo 3.1 que aborda el tema a de “La regla de exclusión de la prueba ilícita”, se refiere que “es prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de garantías constitucionales (como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de comunicaciones: por ejemplo, el acta de cateo practicada sin consentimiento del titular o mediante resolución judicial de un juez de garantías, o la intervención de comunicaciones practicadas de la misma manera; o lesionando derechos constitucionales (como el derecho a la defensa; la del imputado sin haber sido informado de sus derechos, o a través de medios que la constitución prohíbe “por ejemplo, la confesión arrancada mediante tortura, que vulnera el derecho a la integridad física o la coacción para obtener declaraciones”, y bastaría echarse un clavado al

Semanario Judicial de la Federación y su gaceta correspondiente para corroborarlo. Yunes, también, exige a los jueces federales que se apeguen a la ley (¿?) a fin de que no cedan ante las triquiñuelas legales, como ocurrió hace unos días con los 10 presuntos sicarios detenidos en Puebla y liberados por un juez Federal (cuando quedó claro que la inconsistencia de la carpeta abierta por ese caso carecía de sustento, ya que la denuncia se enfocó, únicamente, a la portación ilegal de armas y no por el asesinato que, posteriormente, fue corregido).

NO ESTARIA de más que la PGR le tome la palabra al Gobernador, y le haga ver que filmar y grabar personas sin su consentimiento para arrancarles declaraciones incriminatorias o como pruebas jurídicas para pretender probar la comisión de un delito es, también, un ilícito penado en este País, aunque de paso, Yunes Linares podría enterarse como van las investigaciones en su contra por presunto enriquecimiento ilícito que hace unas semanas fueron atraídas por la dependencia Federal. Hace poco el especialista en Derecho Procesal, Rodrigo Rivera, detalló que en caso de espionaje telefónico o videograbaciones, sin una orden judicial, esos mecanismos no tendrán validez, pues para que un video o audio sea admitido como prueba en el sistema de justicia penal acusatorio, su obtención tiene que estar apegada al debido proceso. En primer lugar tiene que demostrarse que ha sido legalmente obtenido; de lo contrario, se están quebrantando derechos. El, también, presidente del Instituto Colombiano-Venezolano de Derecho Procesal, señala, por otra parte, que tiene que demostrarse la autenticidad de la prueba, porque se puede hacer montaje a través de un instrumento tecnológico, además de que tiene que ser prueba directa en relación con el hecho, no puede ser prueba indirecta, y en ese sentido explica que no se le puede dar validez a una grabación que haya sido utilizada para implicar a una persona.

LA CORTE Suprema reitera que “a veces las personas creen que tienen pruebas en videos, pero hay que revisar si están dentro de la legalidad, la constitucionalidad, si no han sido impugnadas, si son fieles, es decir, si tienen autenticidad”, pero si el imputado impugna porque una prueba se ha obtenido sin el debido proceso, y se comprueba que así fue, la prueba no tendrá validez”, lo que estaría ocurriendo con los testimoniales que ofrece el gobernante en turno al ofrecerse a presentar ante la Procuraduría General de la República videos incriminatorios, asumiendo que pudo haber cometido un presunto delito de espionaje.

AUN SE recuerda el caso Eva Cadena Sandoval y los afamados videos que se hicieron circular en redes, en los que se buscó incriminarla solo por haber recibido dinero en efectivo que, según dijo, era para las tareas partidistas de Andrés Manuel López Obrador. Se hizo toda una parafernalia, se presentaron denuncias ante la Fiscalía Estatal y la PGR, y se exigió al Instituto Nacional Electoral proceder ante esos hechos, pero el Consejo General de ese organismo, con nueve votos a favor y uno en contra, sobreseyó las quejas presentadas por su presunta participación en el financiamiento ilegal de recursos para las campañas en el estado de Veracruz, dictaminando que son insuficientes las pruebas aportadas, ya que la presentación de la queja se basa en un video que fue entregado anónimamente a un medio de comunicación, esto es, se trata de una grabación privada (como en el caso Yunes y sus acusados).

SIN DUDA, el Gobernador –rodeado de “expertos” juristas- necesita, urgentemente, un asesor jurídico para evitar cometer los mismos errores que se han venido repitiendo a lo largo de su administración, o de plano darle una leída a los acuerdos de la Corte que, entre otras cosas señala: e) Los datos de prueba, en el juicio oral, no podrán tomarse en consideración para sentenciar a persona alguna, tampoco tendrán valor esos datos o la prueba cuando fueron obtenidos mediante amenazas o violaciones a los derechos humanos. f) Por medios de prueba se entiende la declaración del imputado, la testimonial, la pericial, la documental, y cualquier otro medio técnico científico, siempre que sea conducente y no sea contraria a derecho, ya que al presentar los videos estaría violando el debido proceso y dándole una ayudadita a Duarte. Y aclaramos, porque es menester hacerlo: no defendemos a Javier Duarte pues nuestro deseo, como el de casi todos los veracruzanos, es que resarza el daño causado a Veracruz y pague con cárcel sus fechorías, pero es prudente puntualizar que las leyes no fueron hechas a modo de los Gobernadores sino de la justicia. Así de simple. OPINA carjesus30@nullhotmail.com