La Secretaría de Desarrollo Social federal le “está corrigiendo la plana” al Congreso del Estado, luego de que la dependencia evidenció que la Legislatura se extralimitó al avalar que los ayuntamientos utilicen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2017 para obras que quedaron pendientes en 2016.

De acuerdo con el diputado local, Sergio Rodríguez Cortés, los municipios que incurrieron en dicho esquema sí podrían generar responsabilidades legales, de ahí que la Legislatura debe de dar marcha atrás.

“Hay que recomponer el acuerdo, trabajar más en casos específicos y hay que sacar acuerdos de excepcionalidad a la Ley particularizados.

“No son muchos los municipios en este supuesto, se tienen que llamar a traer y crear los casos específicos que se están presentando para ver si se puede hacer un acuerdo de excepcionalidad particularizado, al parecer solo son entre 12 y 16 ayuntamientos en este supuesto”, propuso.

Refirió que el informe que presentó la Secretaría de Desarrollo Social señalando que la Legislatura se “extralimitó” al avalar dicho esquema permite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) intervenir a los municipios.

“A como está el acuerdo los alcaldes que lo están acatando como tal podrían incurrir en responsabilidad legal, ya que con el acuerdo de la SEDESOL es posible que la ASF no avale este esquema y queda abierta la puerta para que se intervenga a los municipios y en este caso fincar responsabilidad legal”, indicó.

El integrante del grupo mixto “Juntos por Veracruz” alertó que son 13 disposiciones de Ley las que se están controvirtiendo por parte del Poder Legislativo al autorizar el ejercicio de recursos de ese fondo para obras que quedaron inconclusas el año pasado.

Por esta razón, el legislador perredista insistió que el Congreso del Estado debe de llamar a los ayuntamientos que buscan utilizar este fondo federal para el ejercicio anterior.

De esta manera la LXIV Legislatura tiene que crear una “excepcionalidad particularizada” para cada ayuntamiento que incurra en ese modelo, contrario a lo que validó el pasado 17 de marzo mediante un punto de acuerdo que permite que los 212 municipios usen el FISM 2017 para obras del 2016.

Rodríguez Cortés, criticó que es recurrente que la Junta de Coordinación Política argumente que los acuerdos consensados por las diferentes fracciones “tienen la razón absoluta”, situación que ya está demeritando la labor de la LXIV Legislatura con aprobaciones erróneas.

“Sacar un mayor número de acuerdos que Legislaturas pasadas no quiere decir que seamos más eficientes y si algo criticamos a la Legislatura anterior y al gobierno de Javier Duarte era que no analizaban los acuerdos que se autorizaban”, opinó.

El diputado local recordó que el punto de acuerdo para validar dicho esquema fue leído en una sesión ordinaria, pero no fue circulado ni publicado para que todos los diputados lo revisaran a detalle.

“En esa primera lectura lo denuncié claramente; no podíamos autorizar a priori a todos los municipios porque estábamos haciendo un acuerdo contrario a lo que dispone la Ley de Disciplina Financiera y a lo que corresponde a la Ley de Contabilidad gubernamental, así como el sentido de anualidad del ejercicio de los recursos públicos”.

Insistió en que el Congreso del Estado debe de realizar una revisión puntual de cada uno de los gastos de las obras y de los asuntos que implican una excepcionalidad a la Ley.

“Sí se puede hacer este esquema como una excepcionalidad, pero haciéndolo de manera específica en cada uno de los casos que lo autoricemos porque es una facultad exclusiva de la Legislatura, nosotros somos los responsables de fiscalizar y avalar”, reiteró.