Informe Rojo
Por Mussio Cárdenas
16 de agosto de 2017

* Fiscalía sólo pide 10 años de cárcel  * Y nada de la desaparición forzada  * “Sería una condena infame”: Colectivo Solecito  * Las Choapas: la policía, peor que los delincuentes  * Y el alcalde en la luna  * Confirma TEV triunfo de Fernando Yunes  * Nanchital: el viejo PRI a cogobernar  * Oficina de gobierno y nido de amor

Justicia y gracia para el Capitán Tormenta o Arturo “N” o Arturo Bermúdez Zurita, al que no se le juzga por los crímenes del duartismo ni la violencia tolerada de los cárteles, ni por la desaparición forzada o por los miles que yacen en fosas clandestinas.

Justicia y gracia para el ex secretario de Seguridad Pública, para quien el fiscal del yunismo, Jorge Winckler Ortiz, pide una condena barata, 10 años en prisión, por otros delitos, delitos de cuantía menor, los de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Ahí no figuran los crímenes que lo hundirían para siempre y lo confinarían a terminar sus días en la cárcel. Nada por el agravio a las víctimas. Menos por el escenario siniestro en que ejerció el poder cuando era el número 2 del régimen.

Era la policía y el levantón.

La policía y la tortura.

La policía y el asesinato.

Y por eso no se le juzga.

A Bermúdez se le da trato de general. Sí, de general de cero estrellas, sin formación militar, sin más méritos que los que el duartismo le inventó.

Sus juicios van por el daño patrimonial al gobierno de Veracruz, el pago a empresas vinculadas a su familia, las que operaban los subalternos, los millones que logró liberar antes de su cese, el 4 de agosto de 2016, cuando el arribo del yunismo azul al poder enloqueció a Javier Duarte.

Justicia y gracia para Bermúdez, al grado de no avanzar sus juicios, incluido el de enriquecimiento ilícito, hasta que no se desahoguen los amparos interpuestos para evadir la ley.

Quizá por eso sonríe Bermúdez. Quizá por eso departe con quienes lo ven en los juzgados de Veracruz, la sonrisa franca, el apretón de manos, el trato afable como si supiera que pronto estará en libertad.

Pide la Fiscalía que sean llamados a declarar seis familiares del Capitán Tormenta. Una de ellas es su madre, María Guadalupe Zurita García; su esposa, Sofía Lizbeth Mendoza Hernández, y sus hermanos Carolina, Jesús Gabriel y Miguel Ángel.

Es su familia y serían sus prestanombres, los que conforman el pull de empresas que permitió que detonara la fortuna de Arturo Bermúdez.

Son sus negocios, firmas con las que trasluce algo turbio: inmobiliarias, agencias de viaje, constructoras, seguridad privada, turismo, transporte y aviación, casinos y casas de préstamo, restaurant y cantina, un antro y hasta una pulquería. En el argot judicial, diríase que es servicio completo de lavado y blanqueo de capitales.

Bermúdez tiene ahí a quienes le operan los negocios. Y por lo menos uno de sus hermanos y su esposa aparecen en la compra de viviendas de lujo en el complejo habitacional de Woodlands, un suburbio de Houston, en Texas, Estados Unidos, según documentación oficial, aparecida a raíz de que arreció el escándalo por el saqueo a las arcas en los días en que Javier Duarte gobernaba Veracruz.

Otro personaje es Roberto Esquivel Hernández, comisario y socio en casi todas las firmas de la familia, aquel con la dualidad de subalterno y proveedor en la Secretaría de Seguridad, el que a punto estuvo de cobrar casi 72 millones de pesos cuando el sexenio duartista llegaba a su fin.

Son los dineros y la riqueza lo menos grave en el caso Bermúdez. Lo peor está en su rol violento, su pasividad ante el avance criminal, su policía involucrada con los cárteles, pasando información, como si se tratara de halcones, en el agravio a la sociedad.

Nada hizo Bermúdez por enfrentar la fuerza de los cárteles, dueños de regiones y territorios. Les permitió actuar y tomar el control político de municipios.

Y ante la violencia sin medida, vendía sus servicios vía empresas de seguridad privada a lo largo y ancho de Veracruz.

Hoy, enfrenta una nueva reacción. Es la indignación de las víctimas. Es el dolor de los que por años han buscado a sus familiares, rascando en la tierra, siguiendo pistas, hallando lo que la autoridad, la Fiscalía de Veracruz en los tiempos de Javier Duarte, en los días de Miguel Ángel Yunes, no han podido encontrar.

Una voz, la de Lucy Díaz de Henao, se alza contra la condena de 10 años que pide para Bermúdez el fiscal Winckler.

“Es una condena injusta, muy infame —acusa la directora de Colectivo Solecito—, cuando este señor es responsable de la libertad y posiblemente de la vida de tantos muchachos en el estado de Veracruz. Es inconcebible y está más lejos de la justicia”.

Diez años, dice, es ridículo, “cuando la libertad de cientos de muchachos que diezmó. Entonces estamos hablando de algo infame”.

Lleva Lucy Díaz el dolor del hijo sin destino, al que un día ya no volvió a ver. Llevan las integrantes de Solecito Veracruz y otros colectivos, la angustia y el valor para desafiar al crimen organizado y al gobierno encubridor.

Lo peor es que a Bermúdez se le enjuicie por su riqueza y la malversación y no por la desaparición de miles, por la policía —su policía— que se vincula a los cárteles, por el atropello policíaco, la tortura, el levantón de inocentes, la muerte y la creación de escenarios para encubrir la violación a la ley.

“En las narraciones de los casos están los testimonios —agrega Lucy Díaz—. Están todos, todo sale de ahí y se necesita hacer un esfuerzo mayor por parte de la Fiscalía y hay un caso documentado en la ONU de desaparición forzada”.

Son colectivos que buscan por su cuenta, los que acreditan que la policía duartista se involucró con el crimen organizado. Y sustentan que ahí hay delitos lesa humanidad.

Es recurrente el elemento policíaco en la ola de violencia. Los hay levantando personas, los hay aplicando tortura, los hay desapareciendo cuerpos, borrando huella.

Un caso, el del cantante Gibrán Martiz Díaz, evidenció que fue la policía estatal la que lo plagió. Lo sacó de su departamento en Xalapa y lo llevó al fraccionamiento Las Ánimas, presuntamente a la casa de Arturo Bermúdez, y de ahí a la Academia de Policía El Lencero, donde en las tortura se les quedó.

Luego vino el montaje, el supuesto enfrentamiento entre delincuentes y los únicos cuerpos hallaron fueron los de Gibrán y un amigo suyo.

Otro caso, el de los cinco jóvenes originarios de Playa Vicente, que al retornar del puerto de Veracruz, al pasar por Tierra Blanca, fueron levantados por una patrulla policíaca. Nunca aparecieron. Presuntamente los llevaron al rancho El Limón, en Tlalixcoyan, y los entregaron a una célula zeta, que tras torturarlos les habría dado muerte y luego los coció en ácido.

Sobre el falso general y su tropa hay denuncias que habrán de configurar la desaparición forzada, las de los jóvenes de Playa Vicente y otras más. Pero la Fiscalía no las mueve, no las consigna. En ese punto, Bermúdez es impune.

Hay policías en cientos de levantones, tortura y muerte. Y hay evidencia que Arturo Bermúdez, siendo secretario de Seguridad, conoció la conducta de sus subalternos, sus crímenes y los encubrió.

Fue la desaparición forzada una constante. Fue la conducta de la policía bermudista, cuyos altos mandos eran señalados de agravios contra la población y de levantar y desaparecer.

De ahí la indignación, el reclamo de los colectivos por la falta de justicia, por la resistencia del fiscal Winckler a actuar contra Bermúdez por desaparición forzada.

Sus delitos por dinero son nada. Lo suyo, lo suyo, es la implicación de su policía en crímenes lesa humanidad.

De ahí la indignación de las víctimas.

Archivo muerto

A ellas dos, policías municipales de Las Choapas, las agravió su superior. Un día, Antonino Gómez Ezquivel, su jefe, su director de la policía municipal, las llevó consigo y en un fiestón donde hasta militares hubo, las conminó a ser “damas de compañía”. Ocurrió en el rancho del alcalde Marco Antonio Estrada Montiel. Ebrio, armado, pretendía que convivieron con los efectivos del 44 Batallón de Infantería. Y las dos lo denunciaron por acoso sexual-laboral. Segundo caso: policías a cargo actuaron con fuerza bruta y se les pasó la mano. Detuvieron el domingo 13 a dos jóvenes que presuntamente habían intentado robar en una vivienda. Uno de ellos paró en el hospital con una cortada profunda debajo del mentón, casi degollado, producto de la tortura a que lo sometieron los subordinados de Antonino Gómez Ezquivel. Tercer caso: Carlos Mario Aguirre Domínguez intentó evadir una revisión de rutina. Fue apresado por elementos de la Policía Municipal, reportado como sospechoso en las cercanías de la tienda Dipepsa. Esposado, controlado, caminaba junto a los elementos que cumplían con su labor. A su encuentro sale una policía alevosa, prepotente, cargada de ira. Se trata de Yeni Hernández, quien lo abofetea y patea ante la mirada cómplices de los elementos policíacos. A la distancia, algunas voces se escuchan. Son los reproches de los testigos que con su teléfono celular captan la escena, y luego la suben a las redes sociales, y luego se vuelve viral. Sigue esa barbarie, con su estilo periodístico, Janeth Cardona, reportera de Presencia, revelando cómo la policía municipal es peor que la delincuencia común. Y el alcalde Marco Estrada nada dice. Y los ediles se agazapan. Y Las Choapas es, como en los guiones de cine, un pueblo sin ley… Se agencian los Yunes el corredor Veracruz-Boca del Río. Confirma el Tribunal Electoral de Veracruz el triunfo de la alianza PAN-PRD en el puerto histórico, donde Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, gobernará a partir del 1 de enero de 2018. Desechó el tribunal las impugnaciones del PRI y Morena por presunta violación a los topes de campaña, luego que el área e fiscalización del Instituto Nacional Electoral había establecido que Fernando Yunes había excedido el gasto permitido. Luego se expresó un nuevo criterio y se alejó la posibilidad de que la elección se anulara. Sólo por la vía federal podría revertirse el fallo del TEV, pero difícilmente se le podrá revertir el triunfo…Muy híbridas serán las alcaldías del sur. Una de ellas, la de Nanchital, tendrá funcionarios panistas, perredistas, priistas, ex priistas, lo que queda del balderismo y los enemigos de Ramón Hernández Toledo, el líder de la Sección 11, a quien sus otrora amigos y beneficiarios no dudaron en traicionar. Llega la doctora Zoila Balderas de Piña, hija del extinto dirigente, Francisco Javier “Chico” Balderas Gutiérrez, abanderada por la alianza PAN-PRD, cuyo éxito no fue derrotar al PRI sino a Morena, el partido de López Obrador, que no operó porque no tuvo con qué, divididos los morenistas porque la candidatura resultó imposición, porque la diputada federal Rocío Nahle se empeñó en enviar al ruedo a su incondicional, Esmeralda Mora, y aquello no detonó. Con Zoila Balderas llegan muchos, y entre ellos los allegados al ex alcalde, Salvador Hernández Castro, que a fin de cuentas terminó más lejos de Hernández Toledo de lo que él mismo pensó… ¿Cuál es esa oficina del sur que de día es dependencia de gobierno y de noche es nido de amor, de tórrido romance entre quien fuera su titular y un funcionario de segundo nivel? Una pista: el galán anduvo en temas de vialidad. Otra pista: en Mina…

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Foto: Presencia