Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
23 de agosto de 2017

*Cuando Duarte era el responsable
*Cándido el tercero; hay 2 heridos

EL 12 de Febrero del 2014, Miguel Ángel Yunes Linares, enfrascado en fuerte confrontación con el, entonces, Gobernador Javier Duarte de Ochoa, publicó en su cuenta de Twuitter @YoconYunes: “A @Javier_Duarte le parece poca cosa el homicidio de otro periodista, por eso no ha declarado nada. Lo que se vive es su culpa, ¡da la cara!”, lo retaba, convertido en ese tiempo en paladín de la justicia a favor de los medios de comunicación y la libertad de expresión-, Y es que días antes, el miércoles 8, el periodista Gregorio Jiménez de la Cruz había sido secuestrado y su cuerpo encontrado 48 horas después en una fosa clandestina en el municipio de Las Choapas, al lado de dos cadáveres: uno, el de Ernesto Ruiz Guillen, secuestrado por la misma banda que asesinó al reportero de Notisur y Liberal del Sur (este último propiedad del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña) y, otro, el de un trabajador del volante. Por aquellos hechos fueron detenidos la presunta autora intelectual, Teresa de Jesús Hernández Cruz, propietaria del tugurio El Palmar ubicado en la congregación de Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, y administrados por José Luis Márquez Hernández, quien fue arrestado en la terminal de autobuses cuando se disponía a abandonar la ciudad. No fue necesario apretarlo mucho, comentaron funcionarios de la Procuraduría de Justicia a cargo de Amadeo Flores Espinosa: “con tres cachetadas tuvo”. El sujeto indicó que su “patrona” contrató a varios sicarios para que sustrajeran de su domicilio a Gregorio y le dieran muerte debido a problemas personales. Como resultado de esos hechos fueron encarcelados Hernández Cruz, como autora intelectual, y Márquez Hernández, Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera y Juan Manuel Rodríguez Hernández, como materiales.

PERO, ¿POR QUÉ traer a colación este caso? Muy simple: el martes por la tarde-noche fue asesinado Cándido Ríos Vázquez, reportero del “Diario de Acayucan” y fundador de “La Voz de Hueyapan”, y hasta las 4:00 de la tarde de este miércoles, ni el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ni el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña habían emitido comentario alguno, el primero como responsable de la gobernanza (interacción y acuerdos entre gobernantes y gobernados para generar oportunidades y solucionar los problemas ciudadanos) y, el segundo, como propietario del medio informativo (Diario de Acayucan) en el que laboraba el reportero de nota roja ejecutado en una gasolinera ubicada en carretera Federal 180, Costera del Golfo, concretamente en la localidad de Juan Díaz Covarrubias del municipio de Hueyapan de Ocampo.

CON CANDIDO Ríos fueron acribillados Víctor Acrelio Alegría, ex inspector de la policía de Acayucan y su chofer, lo que acaso motive (ya lo motivó) una salida por parte de las autoridades Estatales argumentando que el asesinato del periodista fue colateral, ya que, en realidad, a quien deseaban matar era al ex jefe policiaco, algo que caerá por su propio peso ya que el comunicador era “resguardado” por el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación debido a las amenazas de muerte en su contra, esto debido a sus trabajos reporteriles. De hecho, en 2012 había interpuesto una denuncia contra un ex alcalde de Hueyapan que, incluso, lo había amenazado de muerte y agredido físicamente, como consta en la investigación ACA/793/2012.

Y AUNQUE el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián haya venido a enmendarle la plana al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares –ambos formados en la cuadra de la profesora en prisión, Elba Esther Gordillo Morales-, argumentando que la muerte del periodista fue porque se encontraba acompañado de otras personas y no por su profesión, lo cierto es que no le quedaba de otra, ya que no podía permitir que se cuestionara al afamado Mecanismo bajo su cargo.

EN VERACRUZ, se quiera o no aceptar, van tres periodistas asesinados en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, y el primero fue, sin duda, Ricardo Monluí Cabrera ejecutado la mañana del domingo 19 de Marzo en el municipio de Yanga, tras desayunar con su esposa e hijo. Sujetos armados le dispararon a quemarropa cuando se aprestaba a abordar su automóvil y, posteriormente huyeron. A la fecha no hay detenidos. Monluí fue autor de la columna “Crisol” que publicaba en El Sol de Córdoba y en distintos medios de Xalapa, y director del periódico El Político de su propiedad. El segundo fue el periodista de Honduras Edwin Rivera Paz, asesinado el 9 de Julio en Acayucan. El joven, camarógrafo del programa hondureño “Los Verduleros”, se refugió en aquel municipio y había solicitado asilo político a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), luego del asesinato de su compañero Igor Padilla, en San Pedro Sula, Honduras, en Enero de este año. Recibió varios balazos a plena luz del día y en céntricas calles. También hay dos heridos que pudieron ser asesinados: Armando Arrieta Granados, jefe de redacción de La Opinión de Poza Rica, agredido a tiros la madrugada del miércoles 29 de Marzo cuando arribaba a su domicilio tras su jornada de trabajo, recibiendo por lo menos 4 impactos de bala que lo mantuvieron un tiempo al borde de la muerte. Días antes, el 3 de Marzo, el corresponsal de un periódico del puerto de Veracruz, Alan García Zúñiga fue, también, herido a balazos en Poza Rica cuando circulaba a bordo de su vehículo. El comunicador fue sorprendido por sujetos armados quienes accionaron sus armas en dos ocasiones, provocándole una herida en el pecho que pudo costarle la vida.

NO ES secreto que el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha declarado la guerra a los medios de comunicación, y no porque advierta que no tiene firmados convenios con la prensa ni los tendrá, sino por la alusión que periódicamente hace de la violencia, culpando a los comunicadores de hacer apología o de magnificarla, cuando, desde su perspectiva, deberían describir un mundo color de rosa. Es como mandar un mensaje de que no es el Gobierno del Estado quien “calienta” la plaza a los grupos fuera de la ley, sino los periodistas, lo que pone en grave riesgo la integridad de estos y su familia. No hablar, no decir, no escribir, no denunciar es lo que, por lo visto, desea la administración yunista, pero no se puede tapar el sol con un dedo. OPINA carjesus30@nullhotmail.com