Por si acaso…
 Por Carlos Jesús Rodríguez
01 de agosto de 2017

*Spinoso, Mota, Erick y Carvallo
*Karime Macías patente de corso

CUATRO PODEROSOS ex funcionarios de la pretérita administración -por razones que se desconocen- gozan de “patente de corso” en el actual “Gobierno del Cambio”, pese a haber sido denunciados por enriquecimiento ilícito y malos manejos en los cargos que ejercieron. Se trata de Edgar Spinoso Carrera, efímero ex subsecretario de Finanzas y ex oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien es señalado, Vicente Benítez, que lo sustituyó en el puesto, de un desvío superior a los 6 mil millones de pesos que habrían ido a parar a procesos electorales y a la compra de bienes para el ex Gobernador JDDO –ahora en prisión-. Lo curioso es que al hijo del malogrado César Spinoso Corral -quien fue asesinado junto con su hermano Sergio y su tío, el dirigente cañero, Roque Spinoso Foglía aquel 24 de Noviembre de 1984-, nadie lo investiga, al menos en Veracruz, donde se afirma que pacto con el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, devolviendo algunos bienes –se habla, incluso, de un helicóptero y un avión inscritos a nombre de su empresa dedicada a la renta de aeronaves-. Otro que, paralelamente, habría pactado inmunidad –e impunidad- es el ex titular de la SEV, Adolfo Mota Hernández, pues a pesar de que existen 14 denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por el presunto desvío de 20 mil 982 millones 925 mil 126 pesos correspondientes a partidas que estaban destinadas a programas de educación, salud, protección al medio ambiente, obra pública, desarrollo social, el amigo cercano de Emilio Gamboa Patrón sigue como si nada.

PERO NO solo en el ámbito Estatal se orquestaron desvíos que estaban destinados a la educación, pues de acuerdo a la indagatoria de la Procuraduría General de la República, más de 4 mil 300 millones de pesos de seis fondos federales entregados en 2016 a Veracruz y destinados a programas de salud, educación e infraestructura para la remodelación de hospitales y escuelas fueron desviados a cuentas bancarias ajenas a los objetivos o invertidos en supuestos bienes o servicios para JDDO y de los propios funcionarios que orquestaron los fraudes. Y aunque se desconoce el monto total del posible desfalco detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública de 2016, la cifra crecerá ya que faltan por revisarse fondos como los de seguridad y justicia. Por ello extraña que Adolfo Mota, Edgar Spinoso y Vicente Benítez gocen de cabal salud e, incluso, se paseen por las plazas y calles de Xalapa como si nada debieran, en franco reto a una sociedad que agraviaron.

OTROS QUE, al parecer, ya pactaron con la “administración del cambio” fueron el ex Secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, sobre quien pesan diversos señalamientos de enriquecimiento ilícito además de haber sido puntal en lo que tanto denuncia el Gobernador Miguel Ángel Yunes para justificar la inseguridad: que Fidel y Javier permitieron la entrada de grupos fuera de la ley al Estado, y esas son las consecuencias de lo que se vive actualmente, así como Jorge Carvallo Delfín, el ex secretario de desarrollo social, ex dirigente Estatal del PRI y actual diputado Federal que dice, al que lo escucha, que será el candidato al Senado de la República el próximo año abanderado por el Partido Verde Ecologista de México

AHORA BIEN, llama la atención el caso Karime Macías Tubilla, pues a pesar de que la Procuraduría General de la Republica posee pruebas que, presuntamente, la incriminarían, lo mismo que a familiares cercanos en las operaciones con recursos de procedencia ilícita que le acreditan a su marido, lo mismo que en el saqueo de las arcas del Estado, la dependencia Federal se ha negado a fincarle responsabilidad, lo que acrecienta la sospecha de un acuerdo subrepticio a favor de la ex Presidenta del DIF, ya que en Veracruz, también, tendría carpetas de investigación que no avanzan. El propio Fiscal Jorge Winckler Ortiz confirmó la semana pasada que investiga de manera oficial a la ex primera dama, aunque esto no es nuevo sino paralelo a las indagatorias que se siguen al ex Gobernante en prisión.

Y ES que tan solo durante el 2011, en su primer año de administración, el DIF presentaba un desvió por más de 41 millones de pesos, esto debido a que la institución utilizó el sistema de licitaciones para otorgar contratos a seis empresas que sólo existían en el papel: Grupo Balcano, Pefraco, Ravsan Servicios Múltiples, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios Cerene y Anzara. De acuerdo a las investigaciones, el dinero entregado a esas empresas fue para comprar sistemas de purificación de agua, estufones, tanques de gas, mochilas escolares, material deportivo y granjas ecológicas, productos de los que no existen evidencias que comprueben su adquisición, según una denuncia presentada desde Febrero de este año por el DIF ante la Fiscalía del Estado, y estamos finalizando Julio, esto es, han pasado cinco meses sin resultados, lo que sugiere cierto proteccionismo a la ex primera esposa. En la misma denuncia se pide investigar a Juan Antonio Nemi Dib, exdirector general del DIF (a quien se le permitió darse a la fuga); Tarek Abdalá Saad, tesorero del DIF; Astrid Elias Mansur, directora de grupos vulnerables, y otros seis exfuncionarios.

SEGÚN LOS documentos de las licitaciones, el responsable de esos concursos era Tarek Abdalá Saad, entonces director administrativo del DIF, posteriormente tesorero del gobierno estatal y hoy diputado federal en proceso de desafuero acusado de desviar 23 mil millones de pesos. Abdalá Saad, que firmó los contratos con empresas fantasma, fue nombrado tesorero del sistema para el desarrollo de la familia por Javier Duarte, y han sido los propios testigos protegidos de la PGR, Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez quienes declararon en diversas ocasiones que la familia Macías Tubilla se benefició del millonario desvío que ideó el ex gobernante.

POR ESO llama la atención la protección a Karime Macías, Edgar Spinoso, Adolfo Mota Hernández, Erick Lagos Hernández y Jorge Carvallo Delfín, ya que no obstante las pruebas en contra, y muy a pesar de que al inicio de su administración Miguel Ángel Yunes Linares los denunció ante los medios como orquestadores del saqueo, ahora gozan de la protección subrepticia que les da el Estado –representado por el Gobernador en turno-, echando la culpa a la PGR. Así las cosas…OPINA carjesus30@nullhotmail.com