La detención ilegal de siete reporteros en la Ciudad de Veracruz constituye un grave precedente porque viola las garantías individuales de ciudadanos que en forma pacífica utilizan espacios públicos para convivir. Si bien la inseguridad pública está al tope, los elementos policiacos deben estar capacitados para distinguir el objetivo de sus operativos; si nos atenemos a las reglas de un Estado de Derecho, los elementos policiacos que cometieron esa arbitrariedad debieran ser sometidos a juicio, por abuso de autoridad. Si no se les amonesta repetirán la arbitrariedad en otros ciudadanos cuya capacidad de difusión y queja no se asemeja a la de los reporteros que justamente indignados protestaron el abuso.