Por si acaso…
Por Carlos JesúsRodríguez Rodríguez

*¿Y los del escándalo Yunete?
*Fiscal debe revisar preceptos

EN MEXICO la Cultura de la Legalidad suele funcionar al estilo “Juarista”: -a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, justicia a secas-, o lo que es lo mismo: “Hágase la ley en los bueyes de mi compadre”, según reza un sabio refrán popular que deja claro que todos sabemos lo que las normas dictan, lo que ha de hacerse, pero no queremos hacerlo en lo nuestro, más bien, deseamos que sólo se cumpla en los demás, y eso ha ocurrido en el puerto de Veracruz con la detención del Presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Juan Pinilla Rodríguez, esposo de Fabiola Balmori Durazzo, quien se desempeña como Directora de Servicios Públicos Municipales, y es fuerte precandidata del PRI a la diputación local o Federal el próximo año. La curiosa aprehensión se dio en los momentos en que, junto con otras personas, Pinilla cargaba automotores con despensas y enseres para damnificados por los sismos, ayuda que entregarían a la Cruz Roja, de acuerdo al convenio que tiene firmado con esa institución. La tarde del martes, un grupo de agentes ministeriales los rodearon y sin mostrar la correspondiente orden de aprehensión o carpeta de investigación los esposaron y condujeron a las instalaciones de la Fiscalía Regional donde, de acuerdo a los abogados, a las cinco de la mañana de este día, luego de que la actuaria del Juzgado Quinto de Distrito con sede en Boca del Río acudió ante ellos para que le ratificarán la demanda de amparo indirecto promovido por la ilegal detención, les quitaron sus pertenencias y zapatos, y los trasladaron a un cuartito sin clima donde hacinaron a los siete.

TESTIGOS DE la detención indican que los integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos habían acordado reunirse a las 5:00 de la tarde en el domicilio de Pinilla, en el fraccionamiento Las Palmas, para cargar los camiones con la ayuda que entregarían a la Benemérita Institución para que los hiciera llegar a los afectados de Chiapas y Oaxaca, y en eso estaban cuando fueron detenidos sin explicación alguna, ya que los ministeriales exigían notas o facturas que avalaran la compra de esas despensas, cuando se trata de alimentos donados, producto de una colecta a la que convocaron días antes, pero no hubo explicación alguna que los convenciera. A los detenidos les dijeron que estaban cometiendo delitos electorales, cuando ninguna de las bolsas trae el logotipo de algún partido u organización filial, y en ese tenor se les condujo a las instalaciones de la Fiscalía Regional donde pasaron la noche, en tanto sus abogados promovían un amparo a favor de los siete.

Y ES curiosa la aprehensión si se toma en consideración que el pasado domingo 10, tres días después de los sismos que cimbraron a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, en Coatzacoalcos funcionarios panistas que trabajaban para la administración de Miguel Ángel Yunes Linares entregaron apoyos a damnificados utilizando lonas color azul –distintivo de Acción Nacional-, y la misma tipografía empleada en procesos electorales pasados con el logotipo: “Yúnete”, en alusión a los apellidos de la familia gobernante, lo que provocó que los “irresponsables” fuera cesados, aunque, que se sepa, no se ha procedido legalmente, aun cuando se tipifica en ellos la presunción de ilícitos electorales que fueron censurados acremente, ya que estaban aprovechándose de la desgracia de los veracruzanos del sur para promover a los Yunes azules, y entre los implicados estaban el, entonces, director de la CAEV de Coatzacoalcos, Rafael Abreu Ponce; Mauro Sánchez Pola, rector de la Universidad Tecnológica del Sureste y Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa, todos suspendidos días después, aunque no detenidos como ocurrió en el puerto de Veracruz con Pinilla Rodríguez y seis trabajadores y conductores que a diferencia de los primeros, ni siquiera evidenciaron logotipos políticos.

Y AUNQUE el director de la CAEV dijo en redes sociales que no se trataba de una acción partidista, sino de ayuda sin ningún interés, lo cierto es que los vehículos con la “ayuda” portaban lonas con la palabra “Yunete”, en alusión a la familia de Miguel Ángel Yunes Linares cuyos hijos se desempeñan como alcalde de Boca del Río –y aspira a la gubernatura del Estado- y, el otro es Presidente Municipal electo del Puerto de Veracruz. Cesados los presuntos responsables, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) informó en un comunicado que investiga la posible comisión de delitos en la entrega de apoyos a damnificados por el sismo de 8.2 grados en Coatzacoalcos y en los municipios del sur. Se trata, decía el boletín, de los funcionarios que repartieron apoyos utilizando a la Asociación Civil “Yunete” con los colores del PAN y la tipografía similar a la que usó el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares en su campaña: Rafael Jesús Abreu Ponce, director de CAEV Coatzacoalcos, Ricardo Cabrera Ferez, delegado de Patrimonio del Estado en Xalapa y Mauro Sánchez Pola, Rector de la Universidad Tecnológica del Sureste, pero de eso ya pasaron 16 días y es la fecha que no se procede contra ellos a pesar de las evidencias, lo que pone en tela de duda la honestidad de la Fiscalía General del Estado que, por lo visto, está sirviendo a intereses políticos o de grupo, contrario a los que establece su reglamento en el capítulo ll inherente a los “Principios Rectores”, Artículo 4º. Inciso e) que determina: “La Fiscalía General no persigue intereses propios o ajenos, sino que, como representante de la sociedad, realiza llanamente la voluntad de la ley”. Por fortuna, luego de un amparo que se negaban a cumplir, los detenidos fueron liberados, pero quedó en evidencia el sentido de pertenencia de la Fiscalía al ejecutivo.

Y ES que el propio de ordenamiento de la dependencia señala que “en la investigación de los delitos, los Fiscales deberán imputar o acusar, exclusivamente, cuando derivado de la investigación, inicial o complementaria, tengan pruebas suficientes para comprobar el hecho delictuoso, así como la responsabilidad del imputado, incluyendo las circunstancias atenuantes que se conozcan. Sus servidores públicos deberán abstenerse de incurrir en prácticas dilatorias o en abuso de las facultades que la ley les confiere”, y hasta donde señalaban los testigos de la detención de Juan Pinilla Rodríguez y sus seis acompañantes, los agentes en ningún momento les mostraron la carpeta de investigación y orden de aprehensión respectiva sino que, solo cargaron con ellos a pesar de la ilegalidad del hecho. Ni hablar, como bien decía ese indispensable político y pensador de origen hindú, Mahatma Gandhi: “Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia en la parte contraria”. Así de simple, OPINA carjesus30@nullhotmail.com