Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
18 de septiembre de 2017

*Por venganza más que justicia
*Asesino de Mara huachicolero

SE LE podrá acusar de todo, incluso de haber impuesto al inefable Javier Duarte de Ochoa al frente del Gobierno del Estado –lo que acrecentó la imperdonable debacle financiera que hoy lacera a Veracruz-, pero no de “tarugo”. Sabe Fidel Herrera que de presentarse en calidad de investigado ante la Fiscalía Estatal que lo requiere para que responda a la denuncia que interpuso en su contra el Secretario de Salud, Irán Suárez Villa, desde esas instalaciones sería llevado –mecateado si es necesario- ante un juez (o jueza), tenga o no responsabilidad, y de allí conducido al penal de Pacho Viejo, si bien le va, o en el peor de los casos al Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente” con sede en Villa Aldama, donde permanecería hasta el final de la administración yunista, pero si el hijo del Gobernador participa y gana la Gubernatura en el 2018 seguiría seis años más, porque la consigna –independientemente de los duartistas ya en prisión-, es llevar tras las rejas al mismísimo ex Cónsul de México en Barcelona –como culminación de una venganza añeja surgida a partir de muchas diferencias en el ejercicio de diversas responsabilidades ejercidas tanto por Miguel Ángel Yunes Linares como por el oriundo de Nopaltepec. Son odios enfermizos, rancios, que el ex gobernante cuenta a su manera privilegiando virilidades, situación que ahora lo tienen entre la espada y la pared, ya que más temprano que tarde deberá comparecer y su futuro, a decir verdad, resulta incierto tomando en cuenta que Yunes Linares controla no solo la Fiscalía General del Estado sino el mismísimo Tribunal Superior de Justicia, incluidos jueces.

EL EXPEDIENTE integrado contra el llamado “Tío Fide” es el FGE/FIM/CI/06/2017, aunque eso es lo de menos. Lo importante es como librarse de esa acusación que en Veracruz ha sido escandalosa, y que no deja bien parado a Herrera Beltrán que entre sus consignas manejaba: -en Veracruz a los niños no se les toca-. Y es que según lo que en tiempo y forma fue trascendido por la actual administración, en el Gobierno duartista –extensión del fidelista-, niños enfermos de cáncer recibieron como quimioterapia agua destilada en lugar de medicinas, y el propio Miguel Ángel Yunes habría dicho en Enero de este año: “Tenemos ya resultado de un laboratorio que señaló que el medicamento que se administraba a niños (con cáncer) en sus quimioterapias no era realmente un medicamento, sino que era un compuesto inerte, era agua prácticamente destilada”, lo que provocó un severo aquelarre que no era para menos, y aunque vinieron autoridades Federales (Secretaría de Salud y Cofepris) y corroboraron que a ningún niño enfermo se le aplicaron quimioterapias con medicamentos adulterados, el escándalo ya estaba sembrado. Se detectó, en cambio, que infinidad de medicinas caducas fueron encontradas embodegadas, lo que constituye un acto deshumanizado tomando en cuenta que muchas personas necesitan de las mismas. El gobernante dijo, entonces, que la corrupción venía desde Fidel Herrera, y en ese sentido ordenó interponer una denuncia contra Fidel al secretario de salud –lacayo yunista desde siempre, pues aún se recuerda cuando usó la tribuna más alta del estado para despotricar contra el reportero que había cumplido la misión encomendada por la empresa periodística para la cual laboraba, que era conseguir el acta de nacimiento del, entonces, Gobernador Patricio Chirinos Calero que demostraba que había nacido en Tamuín, San Luis Potosí y no en Pánuco-.

Y ES esa carpeta de odio, más allá de lo jurídico, lo que tiene arrinconado a Herrera, y acaso lo lleve a pisar la prisión, pues tenga por seguro que a partir de ahora todos los pasos y movimientos del nopaltepecano serán vigilados, a tal grado que en el menor descuido será “pepenado” y traído ante la Fiscalía Estatal que, ipso facto lo pondrá a disposición de un juez que le declarará prisión preventiva de un año o dos para evitar que pudiera fugarse, por aquello de que Herrera Beltrán tiene más de una residencia –y muchas capillitas-. El ex Gobernante, a partir de ahora, vivirá a salto de mata, no obstante haber acudido en su representación, que en el nuevo Código Penal no tiene mucha validez, un abogado que entregó la promoción de un amparo indirecto promovido por su cliente que, quiera o no, deberá presentarse obligatoriamente o incurrir en evasión y, por lo tanto, convertirse en prófugo de la justicia.

VIEJOS RENCORES afloran con el tiempo, o como bien dice aquella sabia sentencia popular: -el que pega se olvida de que pegó, pero el golpeado, nunca-, y en esa frase se inserta el pleito de Herrera con Yunes, algo que no ha podido subsanarse, y que en tiempos electorales es caldo de cultivo para sumar adeptos a partir de un supuesto ejercicio justiciero que, en realidad esconde sentimientos de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de cierta ofensa o daño recibidos como lo es el rencor. ¿En qué acabará todo esto? Nadie lo sabe, aunque dice el mismo refranero que, por lo general, uno siempre recibe o experimenta el mismo daño que hizo a otro, y es un cuento de nunca acabar, porque la venganza engendra más venganzas y odios, pero en el ejercicio del “pinche” poder, nos queda claro, nadie oye consejos. Así las cosas…

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SI EL asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda –ocurrido en Puebla a manos de una bestia que se desempeñaba como chofer de una empresa de transporte seguro-, había engendrado sentimientos de condena contra el deshumanizado criminal, ahora ese efecto se hace extensivo a los directivos de la empresa Cabify, ya que queda claro que no cumplió los requisitos de contratación del conductor, pues éste, de nombre Ricardo Díaz, ya había sido detenido con anterioridad por robo de combustible, en pocas palabras, pertenecía a una banda de huachicoleros o saqueadores de combustible que operaba en Puebla y Tlaxcala. Pese a ello, Cabify, que garantiza viajes seguros y “conductores con la formación necesaria”, lo contrató sin mediar sus antecedentes, con los resultados que ya se conocen. La empresa, por lo tanto, debería no solo ser sancionada por omisión en la contratación de su personal, sino, incluso, ser clausurada y desaparecida. Y es que uno se pregunta, cuantos sujetos con el perfil de Ricardo Díaz conducen un “transporte seguro” con la anuencia de sus contratantes. De qué sirve que un sujeto sea enviado a prisión por un delito grave, cuando recupera la libertad a pocas semanas para seguir dañando como lo hizo. Vaya corrupción, complicidad y cinismo de la autoridad poblana…OPINA carjesus30@nullhotmail.com