Xalapa- 2017-09-2213:43:52- Jesús Ruiz/Ariadna García

En el estado Veracruz los diputados se mueven al son que les toca la iglesia y los grupos religiosos de la entidad, denunció Patricia Bedolla Zamora del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio. Reafirmó que Veracruz será el primer estado con dos alertas de género, esta vez por agravio comparado, al no darle cumplimiento por parte del Congreso del Estado y el gobierno estatal a las recomendaciones del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM). Subrayó que no se puede seguir con la “burla y simulación” del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y los diputados “juguete” que se oponen a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. Al advertir que procederán legalmente, acusó que los legisladores “solamente se presentan como muñequitos de palo a alzar la manita como el titiritero les dice que lo tengan que alzar”. Insistió en que Yunes Linares también está incumpliendo con su obligación de haber interpuesto la iniciativa y haber establecido el programa de Interrupción Legal del Embarazo. “Yunes no cumple con las mujeres y esta vez no nos puede salir con su discurso de que todo es culpa del anterior gobernador, porque hoy el gobernador es él y hoy quien podía proteger los derechos humanos de las mujeres es él”, lamentó. Lamentó que los integrantes de las comisiones unidas a las que les fue turnada las recomendaciones de la CONAVIM sesionaron para dictaminar la iniciativa de la diputada Tanya Carola Viveros con la que se le daba cumplimiento, desdeñaron totalmente el tema. Señaló que solo cinco de nueve asistieron a la sesión y cuatro de ellos decidieron desechar por improcedente la iniciativa al considerar que los argumentos eran insuficientes para reformar el código penal. “Lo que estamos viendo es un acto arbitrario, de autoritarismo total de parte de un partido político en el que no hubo argumentación, fue una sesión en la que nadie habló, solamente el diputado presidente se limitaba a preguntar si alguien quiere hacer uso de la palabra (…) no dan ningún argumento jurídico en ese sentido y hacen un dictamen decidiendo que se desecha”, detalló.

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