DE INTERÉS PÚBLICO

Por Emilio Cárdenas Escobosa

El desencanto de los veracruzanos y el sentimiento de haber sido engañados crece cada día. Qué lejos quedó el entusiasmo de tanta gente la noche del 5 de junio del 2016 cuando las autoridades electorales anunciaban las tendencias de votación que favorecían a Miguel Ángel Yunes Linares como triunfador en la elección de gobernador. Aquella esperanza de que con la alternancia por fin se haría justicia, se castigaría, sin excepciones, a quienes saquearon Veracruz y se cerraría un negro capítulo de corrupción, uso patrimonialista del poder, sumisión del Poder Legislativo al Ejecutivo, falta de transparencia e impunidad, se evaporó al cabo de unos meses.

¿Qué falló? ¿Por qué un experimentado político, que buscó por años la gubernatura del estado y se supone se había preparado a conciencia para ese momento estelar de su carrera política enfrenta un claro rechazo social transcurridos diez meses de haber tomado la estafeta? ¿Qué dejó de hacer o qué ha venido haciendo para que la percepción sobre su gobierno sea la de una administración fallida, que perdió la oportunidad de encabezar un cambio profundo, en lo económico y en lo político, tal y como lo demandaban los veracruzanos?

Debe decirse, para contextualizar las cosas, que la situación que heredó Yunes Linares era poco halagüeña para esperar grandes resultados.

Con una hacienda quebrada, un endeudamiento gigantesco, compromisos incumplidos al por mayor con proveedores y prestadores de servicios, entre otros pasivos, era entendible que solo con un golpe de timón en el manejo de las finanzas públicas, con la reestructuración de la deuda pública, con un estricto programa de racionalidad y austeridad, con un manejo impecable del presupuesto, con transparencia y puntual rendición de cuentas, podría iniciarse la reconstrucción. Pero ello tampoco sucedió, salvo la reestructura de la deuda que está en veremos.

El lastimoso estado de las finanzas gubernamentales se volvió la justificación perfecta para salir al paso de cualquier clase de reclamo. Porque las transferencias de fondos federales, las participaciones y el propio presupuesto estatal han estado en caja, puntualmente, desde diciembre del año pasado. Es más, el presupuesto de este 2017 se ejerce de manera discrecional, al haber permitido el Congreso local que Yunes Linares incumpliera con la obligación de informar de los ajustes a los que se comprometió tal y como estipula la Ley de Egresos.

Se despidió a miles de empleados públicos bajo el argumento de que era obligado redimensionar el gasto corriente, y en lugar de llevar a cabo una reingeniería de la estructura gubernamental, como era lo lógico, se crearon nuevas áreas y se sustituyó al personal corrido por nuevos burócratas, por más empleados de confianza, para pagar compromisos de campaña y acomodar a los recomendados de los hijos del gobernante, obviamente, con mejores sueldos.

Se asignaron, además, de manera directa contratos, como ha sucedido destacadamente en la secretaría de Salud, con proveedores amigos, no veracruzanos en su mayoría, al tiempo que continuaron las prácticas de compras directas que se decía serían erradicadas del gobierno del cambio. Con muchísimas resistencias a transparentar el manejo de recursos, y a eliminar las cuentas concentradoras, como la famosa “licuadora”, el cambio se ha quedado en el discurso.

Pero si en lo financiero la cosa no ha cambiado, en lo que toca a la inseguridad, el problema es mayúsculo. Veracruz vive hoy un clima de inseguridad y violencia sin precedentes. Voceros de sectores empresariales, de la jerarquía eclesiástica, de organizaciones no gubernamentales, legisladores y políticos de oposición, lo mismo que ciudadanos de a pie, han externado su hartazgo ante la criminalidad, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los ajustes de cuentas del crimen organizado y los enfrentamientos que diariamente tiñen de sangre y riegan de cadáveres la geografía veracruzana, sin que los operativos de seguridad, en coordinación con el Ejército y la Marina Armada de México o la Policía Federal que ha sido enviada a apoyar las labores de los cuerpos policiacos locales atinen a frenar una escalada de violencia que ubica a nuestro estado entre las entidades más violentas del país. Quien se vendiera como un experto en seguridad y ofreciera que en seis meses acabaría con el flagelo de la inseguridad, ha fallado estrepitosamente. A Yunes Linares y a su administración los rebasó la criminalidad.

En uno de los renglones, en los que se habría esperado mayores resultados, que es en el terreno de la política, que se supone es uno de sus fuertes, tampoco ha logrado generar condiciones de gobernabilidad, de entendimiento y acuerdos políticos que permitan abonar a la reconstrucción de la entidad en todos los órdenes. Ha prevalecido la revancha, las descalificaciones a quienes no comparten o aplauden su accionar, a quienes se etiqueta de emisarios del pasado, de defensores del corrupto ex gobernador Javier Duarte, y la ausencia de una interlocución eficaz con partidos políticos, legisladores de oposición, líderes de organizaciones sociales y expresiones diversas de la sociedad civil, algunas tan relevantes como los Colectivos de Familiares de los Desaparecidos, quienes han expresado su rechazo y molestia por el desdén con el que la Fiscalía General del Estado los trata en su doloroso peregrinar.

Sin operadores políticos a la altura de los retos, con un protagonismo exacerbado que ha anulado a sus secretarios de despacho, quienes no pueden declarar o tener apariciones en medios, hemos visto a un gobernador que lo mismo es vocero, secretario de seguridad, fiscal, titular de protección civil o meteorólogo. Concentrar en su persona todos los temas lo ha hecho sin duda vulnerable y lo ha expuesto a un desgaste mayor.

De aquel político cercano a los comunicadores y formadores de opinión, a los medios de comunicación de todos tamaños, y preocupado por lo que se publicaba o difundía en sus tiempos de secretario de gobierno hace veinte años no queda nada. Convencido de que se puede gobernar con las nuevas tecnologías de la información, Yunes ha hecho de Periscope, Facebook, Instagram o Twitter sus vehículos preferidos de comunicación, mostrando un desprecio olímpico por los medios impresos, digitales o electrónicos de Veracruz, con la creencia de que todos van tras dinero, convenios, o los mueven intereses del fidelismo-duartismo para cuestionarlo. Esa acre actitud hacia la prensa tradicional, con las excepciones conocidas de quienes lo han apoyado desde hace años, ha contribuido a dinamitar su imagen, por la simple y sencilla razón de que esos medios y columnistas con los que no comulga, publican y difunden sus trabajos también en redes sociales, y por ende sus opiniones llegan por igual a miles de cibernautas.

Pero lo que explica mejor el acelerado desgaste de la imagen de él y su gobierno entre la sociedad veracruzana es su determinación de que, al precio que sea, uno de sus hijos sea quien lo suceda en la gubernatura. Esta decisión tildada de cuasi monárquica desagrada a cualquiera con quien se habla de política en Veracruz. Y en el pecado se llevará la penitencia, puesto que la marca Miguel Ángel Yunes ya no despierta el entusiasmo de antaño. Más cuando la bandera que lo llevó a la gubernatura, la del combate a la corrupción y la de llevar a la cárcel a los saqueadores, se ha quedado a medias, con muchas dudas y escepticismo respecto al destino de bienes y dinero presuntamente recuperados por el mandatario, lo mismo que al ver cómo la justicia ha sido selectiva y notables corruptos del pasado inmediato se pusieron a su servicio y, tras el famoso “vómito negro”, operan electoralmente a favor de su causa, sin que se les moleste en lo absoluto. Y eso, sin duda, irrita sobremanera a la gente, a miles de quienes, sin identificación partidista, compraron el discurso del cambio.

Ese será justamente el mayor problema que tendrá el abanderado del PAN-PRD el próximo año, sea su hijo o quien decidan las cúpulas de esas fuerzas políticas: cómo ofrecer continuidad con tan magros resultados, con la inclusión en sus filas y en el actual gobierno de impresentables personajes o de inexpertos e imberbes jóvenes, amigos de sus hijos, of course, y lo más censurable, con la forma grosera y burda con la que el PAN pretende apropiarse del control del Congreso local, a contrapelo de la voluntad ciudadana expresada en el 2016 en las urnas que estableció una composición plural, y de la propia normatividad interna del Poder Legislativo, que ahora merced a maniobras legaloides se pretende burlar.

El cambio prometido sigue esperando mejores tiempos. El gobierno de la alternancia o del gatopardismo le ha quedado a deber mucho, muchísimo, a los atribulados veracruzanos que merecen un mejor destino.

Ya habrá momento frente a las urnas de poner a cada quien en su lugar y dar oportunidad a una genuina transformación de nuestro sufrido Veracruz.

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