A través de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno del Estado está implementando una cacería de brujas para obtener recursos a través de la suspensión de taxis.

Así lo afirmó el Secretario de la Comisión de Transporte, Tránsito y Vialidad en el Congreso Local, Ernesto Cuevas Hernández.

De acuerdo con el legislador, a la fecha son casi 500 taxis los que ha sido retirados de circulación, pese a que que los prestadores de este servicio tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse en el Programa Estatal de Reordenamiento y Regularización de Transporte Público.

Por esta razón, a su parecer no hay excusa para retener más unidades hasta que se cumpla con lo que dispuso el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares.

En ese sentido consideró que el convenio que el Gobierno tiene con las empresas de grúas que llevan las unidades al corralón es el trasfondo de las detenciones, ya que los concesionarios de las 483 unidades suspendidas tendrán que pagar el arrastre y las multas.

“En Tránsito del Estado están haciendo una cacería de brujas. Ya tienen sus convenios con las grúas, tienes hasta filas de grúas formadas y jalan hasta de dos carros por grúas”, criticó, recordando que esto no está permitido.

Aseveró que como integrante de dicha comisión pedirá un informe del destino de los recursos recaudados pues estos ingresos no están contemplados en el Ejercicio Fiscal 2017 y no existe certeza de en qué está siendo utilizado por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Aseveró que los taxistas de municipios como Misantla, Chiconquiaco, Banderilla, Tenochtitlan, Juchique de Ferrer y Alto Lucero son los más afectados por las redadas, en las que los duelos de las unidades deben de desembolsar hasta 3 mil 500 pesos.