Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez
04 de septiembre de 2017

*2 340 solo en 2016 en la Entidad
*Mujeres y jóvenes las víctimas

UN DIA ya no retornaron a casa. No porque así lo decidieran cansados del hogar. Tampoco porque hayan abandonado a la familia y, mucho menos, huyendo de las obligaciones que implica ser proveedores de un clan. Simple y llanamente se los tragó –literalmente- la tierra, y al paso de los años, meses, semanas y días algunos han emergido en fosas clandestinas y otros, como ilustran algunas detenciones, fueron eliminados mediante el uso de ácido fluorhídrico, como ocurrió con cinco jóvenes de Playa Vicente secuestrados en Tierra Blanca. Tan solo en la administración de Javier Duarte de Ochoa –de 2011 a Noviembre de 2016- se reportaron 5 mil 785 personas desaparecidas, de las cuales 2 mil 340 siguen en esa condición, y el resto, 3 mil 445 aparecieron, ya sea porque habían huido de casa debido a problemas familiares o maritales o porque salieron a trabajar a Estados del norte del País sin dar aviso, aunque muchos otros -360 hasta el momento- aparecieron en fosas clandestinas. Y aunque el gobierno –Federal y Estatal- ha culpado, reiteradamente, al crimen organizado de semejantes atrocidades que han dejado a cientos, miles de familias con la pérdida de un ser querido que solía ser, en el peor de los casos, el sostén de la familia, lo cierto es que diversas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos aseguran que en el 60 por ciento de las desapariciones forzadas intervienen servidores públicos o el Estado, vía las fuerzas de seguridad, algo que ha sido demostrado en diversas ocasiones –como ocurrió con los cinco jóvenes levantados en Tierra Blanca, asesinados y desaparecidos, otros en Alvarado, el norte de la Entidad y en diversos puntos del solar veracruzano en lo que va de este Gobierno que oculta cifras inherentes, aunque lo más grave es que a la fecha nadie ha sido castigado por esos letales acontecimientos, lo que alienta la impunidad y la repetición de acontecimientos.

EN ABRIL del año en curso, el Senado aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una legislación que hacía falta, y que era necesaria cuando el Comité “Eureka”, de Rosario Ibarra de Piedra inició la lucha en busca de su hijo Jesús, lanzando el grito “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, sin embargo, la ausencia de un registro de víctimas de desaparición forzada, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenan a los subordinados detener ilegalmente a una persona, y la falta de un instituto forense independiente al Estado que ayude en la búsqueda e identificación de las personas, vía ADN o pruebas científicas, son puntos y herramientas claves que no están contemplados en la nueva ley, lo que ha dificultado la localización de los que no aparecen.

VERACRUZ, LO ha dicho el sacerdote Alejandro Solalinde, es un cementerio clandestino de grandes proporciones, y la respuesta a la solicitud de información, folio 0001700319416, revela que entre Enero de 2014 y Noviembre de 2016 han desaparecido 41 niñas y mujeres desde los 11 hasta los 30 años, en situaciones que podrían estar vinculadas con casos de trata, crimen organizado o algún otro delito del orden federal, aunque en este 2017 el conteo no ha sido alentador ya que la cifra ha sido superada en 9 meses, y al igual que la administración de Javier Duarte, nadie investiga hasta que las jóvenes aparecen muertas y, lo peor es que no hay detenidos ni existe el interés de investigar. Veracruz es la tercera Entidad con más casos de mujeres menores de 30 años desaparecidas en los últimos tres años. Solo por debajo de la Ciudad de México con 74 casos y el estado de México con 65, aunque activistas femeninos revelan que en lo que va de este año han ocurrido alrededor de 45 desapariciones de mujeres y más de 70 feminicidios.

A TRAVÉS de la respuesta a la solicitud de información 0001700250916, la Fiscalía del Estado reveló que se encuentran 29 estudiantes desaparecidos, 22 comerciantes o agentes de ventas de distintos establecimientos, siete conductores de transportes públicos o de carga, seis profesores o catedráticos, seis policías, seis elementos de seguridad privada, cuatro operadores de maquinaria industrial, tres ingenieros. Se reporta, también, cuatro casos de amas de casa, tres trabajadores en actividades agrícolas, tres ayudantes de choferes, dos trabajadores del ramo de la minería y tres vendedores ambulantes, entre muchos otros, y por rangos de edad, de las poco más de 200 personas desaparecidas que busca la Fiscalía Estatal, 49 son jóvenes de entre 19 y 23 años, 36 de entre 29 y 33 años, 30 de entre 24 y 28 años, 20 son menores de 18 años, 19 tienen entre 34 y 38 años, y el resto otras edades.

SEGÚN EL documento oficial, obtenido vía transparencia, el mayor número de denuncias por desapariciones hasta Diciembre de 2016 fueron presentadas en la zona de Xalapa, con 922. La segunda posición la ocupaba el municipio de Veracruz, principal puerto de México, con 903 casos, y de ahí Coatzacoalcos, la zona petrolera más importante del sur de Veracruz, con 401 reportes. En esa misma tesitura está la región montañosa central de Córdoba, con 325 denuncias por desapariciones de ciudadanos. La también zona petrolera de Poza Rica, ubicada en el norte de Veracruz, registró 288 denuncias, mientras que Cosoleacaque, región petrolera y petroquímica del sur de la entidad, tuvo 164 querellas. El puerto de Tuxpan llegó a los 150 expedientes y de ahí dos importantes zonas agropecuarias, como Cosamaloapan con 139 y Papantla con 120.

PERO LAS desapariciones han continuado en este Gobierno del cambio, y algunos casos, solo para ser ilustrativos en torno a lo que sigue ocurriendo en la Entidad ante la indolencia de autoridades que parecieran no interesarse en ese fenómeno, acostumbrados como están a culpar a la delincuencia organizada, aun cuando se tienen evidencias de participación de elementos policiacos, las anexaremos a esta entrega. Veracruz está viviendo una de sus peores etapas en materia de desaparición y desaparición forzada, y a la fecha, pese al clamor popular, no hay detenidos y, mucho menos, sentenciados, lo que evidencia una falta de voluntad política y jurídica para contrarrestar ese mal que ha dejado huérfanos en infinidad de hogares; padres que siguen llorando y buscando a sus hijos, y esposas (os) que no pierden la esperanza de que el ser querido cruce, una vez más, el umbral del hogar, pero no en una caja de madera. Así las cosas.

OPINA

carjesus30@nullhotmail.com

UN DIA ya no retornaron a casa. No porque así lo decidieran cansados del hogar. Tampoco porque hayan abandonado a la familia y, mucho menos, huyendo de las obligaciones que implica ser proveedores de un clan. Simple y llanamente se los tragó –literalmente- la tierra, y al paso de los años, meses, semanas y días algunos han emergido en fosas clandestinas y otros, como ilustran algunas detenciones, fueron eliminados mediante el uso de ácido fluorhídrico, como ocurrió con cinco jóvenes de Playa Vicente secuestrados en Tierra Blanca. Tan solo en la administración de Javier Duarte de Ochoa –de 2011 a Noviembre de 2016- se reportaron 5 mil 785 personas desaparecidas, de las cuales 2 mil 340 siguen en esa condición, y el resto, 3 mil 445 aparecieron, ya sea porque habían huido de casa debido a problemas familiares o maritales o porque salieron a trabajar a Estados del norte del País sin dar aviso, aunque muchos otros -360 hasta el momento- aparecieron en fosas clandestinas. Y aunque el gobierno –Federal y Estatal- ha culpado, reiteradamente, al crimen organizado de semejantes atrocidades que han dejado a cientos, miles de familias con la pérdida de un ser querido que solía ser, en el peor de los casos, el sostén de la familia, lo cierto es que diversas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los derechos humanos aseguran que en el 60 por ciento de las desapariciones forzadas intervienen servidores públicos o el Estado, vía las fuerzas de seguridad, algo que ha sido demostrado en diversas ocasiones –como ocurrió con los cinco jóvenes levantados en Tierra Blanca, asesinados y desaparecidos, otros en Alvarado, el norte de la Entidad y en diversos puntos del solar veracruzano en lo que va de este Gobierno que oculta cifras inherentes, aunque lo más grave es que a la fecha nadie ha sido castigado por esos letales acontecimientos, lo que alienta la impunidad y la repetición de acontecimientos.

EN ABRIL del año en curso, el Senado aprobó la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, una legislación que hacía falta, y que era necesaria cuando el Comité “Eureka”, de Rosario Ibarra de Piedra inició la lucha en busca de su hijo Jesús, lanzando el grito “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!”, sin embargo, la ausencia de un registro de víctimas de desaparición forzada, la imposibilidad para investigar y castigar a mandos que ordenan a los subordinados detener ilegalmente a una persona, y la falta de un instituto forense independiente al Estado que ayude en la búsqueda e identificación de las personas, vía ADN o pruebas científicas, son puntos y herramientas claves que no están contemplados en la nueva ley, lo que ha dificultado la localización de los que no aparecen.

VERACRUZ, LO ha dicho el sacerdote Alejandro Solalinde, es un cementerio clandestino de grandes proporciones, y la respuesta a la solicitud de información, folio 0001700319416, revela que entre Enero de 2014 y Noviembre de 2016 han desaparecido 41 niñas y mujeres desde los 11 hasta los 30 años, en situaciones que podrían estar vinculadas con casos de trata, crimen organizado o algún otro delito del orden federal, aunque en este 2017 el conteo no ha sido alentador ya que la cifra ha sido superada en 9 meses, y al igual que la administración de Javier Duarte, nadie investiga hasta que las jóvenes aparecen muertas y, lo peor es que no hay detenidos ni existe el interés de investigar. Veracruz es la tercera Entidad con más casos de mujeres menores de 30 años desaparecidas en los últimos tres años. Solo por debajo de la Ciudad de México con 74 casos y el estado de México con 65, aunque activistas femeninos revelan que en lo que va de este año han ocurrido alrededor de 45 desapariciones de mujeres y más de 70 feminicidios.

A TRAVÉS de la respuesta a la solicitud de información 0001700250916, la Fiscalía del Estado reveló que se encuentran 29 estudiantes desaparecidos, 22 comerciantes o agentes de ventas de distintos establecimientos, siete conductores de transportes públicos o de carga, seis profesores o catedráticos, seis policías, seis elementos de seguridad privada, cuatro operadores de maquinaria industrial, tres ingenieros. Se reporta, también, cuatro casos de amas de casa, tres trabajadores en actividades agrícolas, tres ayudantes de choferes, dos trabajadores del ramo de la minería y tres vendedores ambulantes, entre muchos otros, y por rangos de edad, de las poco más de 200 personas desaparecidas que busca la Fiscalía Estatal, 49 son jóvenes de entre 19 y 23 años, 36 de entre 29 y 33 años, 30 de entre 24 y 28 años, 20 son menores de 18 años, 19 tienen entre 34 y 38 años, y el resto otras edades.

SEGÚN EL documento oficial, obtenido vía transparencia, el mayor número de denuncias por desapariciones hasta Diciembre de 2016 fueron presentadas en la zona de Xalapa, con 922. La segunda posición la ocupaba el municipio de Veracruz, principal puerto de México, con 903 casos, y de ahí Coatzacoalcos, la zona petrolera más importante del sur de Veracruz, con 401 reportes. En esa misma tesitura está la región montañosa central de Córdoba, con 325 denuncias por desapariciones de ciudadanos. La también zona petrolera de Poza Rica, ubicada en el norte de Veracruz, registró 288 denuncias, mientras que Cosoleacaque, región petrolera y petroquímica del sur de la entidad, tuvo 164 querellas. El puerto de Tuxpan llegó a los 150 expedientes y de ahí dos importantes zonas agropecuarias, como Cosamaloapan con 139 y Papantla con 120.

PERO LAS desapariciones han continuado en este Gobierno del cambio, y algunos casos, solo para ser ilustrativos en torno a lo que sigue ocurriendo en la Entidad ante la indolencia de autoridades que parecieran no interesarse en ese fenómeno, acostumbrados como están a culpar a la delincuencia organizada, aun cuando se tienen evidencias de participación de elementos policiacos, las anexaremos a esta entrega. Veracruz está viviendo una de sus peores etapas en materia de desaparición y desaparición forzada, y a la fecha, pese al clamor popular, no hay detenidos y, mucho menos, sentenciados, lo que evidencia una falta de voluntad política y jurídica para contrarrestar ese mal que ha dejado huérfanos en infinidad de hogares; padres que siguen llorando y buscando a sus hijos, y esposas (os) que no pierden la esperanza de que el ser querido cruce, una vez más, el umbral del hogar, pero no en una caja de madera. Así las cosas. OPINA carjesus30@nullhotmail.com

Lista de desaparecidos:

http://www.gobernantes.com/archivos2/LISTADEDESAPARECIDOS.pdf