Xalapa- 2017-09-2212:37:25- Jesús Ruiz/El grupo legislativo de MORENA promovió un amparo en contra de los decretos y la convocatoria de la reestructuración de la deuda que aprobó la LXIV Legislatura al gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

Luego de que el PAN se apropió de la Junta de Coordinación Política adhiriendo a diputados de otras fracciones para lograr la mayoría, los legisladores locales de ese partido reclamaron al Congreso del Estado la autorización del Decreto 258, del Poder Legislativo del Estado.

Con dicho decreto se autorizó al Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto del Gobernador o del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para llevar a cabo el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública de la entidad.

También reclamaron al Gobernador la sanción y publicación de Decreto 258, del Poder Legislativo del Estado, por el que se autoriza al Gobierno estatal para llevar a cabo el refinanciamiento o reestructuración de la deuda pública de la entidad.

Además, dicha fracción reclamó al Congreso del Estado y al gobernador de la entidad la autorización del Decreto 317, del Poder Legislativo del Estado, por el que se autoriza al Gobierno para que, al amparo y con base en el Decreto número 258, contrate uno o más refinanciamientos por conducto de uno o más fideicomisos públicos sin estructura, en los cuales sus respectivos fiduciarios funjan como acreditados.

El Decreto 317 fue emitido por la Legislatura y publicado el 21 de marzo de 2017 en la Gaceta Oficial del Estado.

De acuerdo con dicha bancada en total hay 11 conceptos de violación que la fracción argumenta en su demanda de amparo.

Por su parte, a la SEFIPLAN se le reclama, como primer acto de aplicación de los Decretos, la emisión de la convocatoria a la licitación pública No. PC/LP/008001/001/17, para la contratación de uno o más créditos hasta por la cantidad de treinta y ocho mil millones de pesos, así como las bases de la licitación pública para la contratación de esos créditos.

Subrayaron que aunque el Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas, para coadyuvar en generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo; con estos decretos, así como la convocatoria, se puede violar dicha atribuciónA

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