Sociedad civil organizada e integrantes de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) entregaron este 21 de septiembre, una carta dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en la que le piden hacer un pronunciamiento tajante en contra de la minería a cielo abierto en Veracruz.

Y es que hasta la fecha el mandatario estatal ha estado completamente callado en torno a los proyectos mineros de Caballo Blanco y El cobre, los cuales avanzan y ya solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), permiso de explotación.

En la misiva, los ambientalistas exponen un análisis en torno a los riesgos que representan las minas a cielo abierto en el estado de Veracruz, entre los municipios de Alto Lucero y Actopan; esto además de graves e irreversibles daños a la salud humana y del medio ambiente.

Y es que además de la devastación y contaminación provocada por las minas a cielo abierto, el proyecto La Paila-Caballo Blanco, contempla la destrucción del cerro del mismo nombre -La Paila-, el cual funge como barrera natural antihuaracanes, ha enfatizado Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de LAVIDA.
Asimismo, los proyectos de mina a cielo abierto de Caballo Blanco y El Cobre, de Candelaria Minings y Almaden Minerals, se localizan a escasos kilómetros de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, lo que sumado a las microexplosiones provocadas por la explotación minera, potencia el riesgo de un desastre.

Además, los ambientalistas recordaron que el estado de Veracruz es el tercero en el país, con mayor riqueza de biodiversidad, sólo después de Chiapas y Oaxaca.

Ante ello, enfatizaron, al Gobernador “le solicitamos atentamente que en concordancia con los intereses y derechos humanos de la ciudadanía del estado de Veracruz, y en atención a las necesidades de los frágiles ecosistemas de este territorio, haga un pronunciamiento público, inequívoco, en el cual señale los riesgos asociados a estos proyectos; recomiende a las empresas involucradas desistirse de las concesiones otorgadas, y establezca que en el ámbito de las competencias establecidas por la Constitución y normas secundarias, que el estado no otorgará permisos que coadyuve al desarrollo de estas actividades de extracción de los minerales en los municipios”.