Xalapa- 2017-10-0316:58:26- Jesús Ruiz

Por omisiones y errores en la integración de carpetas de investigación y seguimiento de 81 casos de personas desaparecidas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación general 01/2017 a la Fiscalía General del Estado (FGE), al Congreso local y la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito en Veracruz.

Se detectó irregularidades de la Fiscalía para obstaculizar las indagatorias: “En todos los casos el inicio de la investigación fue mera formalidad. No hubo diligencias para buscar con vida a las personas desaparecidas, y las cargas procesadas de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas. Las investigaciones tenían deficiencias estructurales”, expuso la presidenta de la CEDH, Namiko Matzumoto Benítez.

Admitió que en los casos de desaparecidos donde se presume la participación de una autoridad, aún no se ha podido acreditar de manera fehaciente.

“Vamos a trabajar ahora sobre esos casos en particular, porque lo que sí se logra acreditar es que hay desaparición, y que hay negligencia en la investigación”, dijo.

Subrayó que la mayoría de los 81 casos por desaparición se han presentado, son principalmente en la zona centro de la entidad.

Al respeto y cuestionada sobre recomendación realizada por el representante adjunto de la oficina del alto comisionado de la Organización Naciones Unidas, Jesús Peña, quien exhortó a las autoridades de procuración de justicia, agotar todas las posibilidades para fincar responsabilidad a los culpables por el delito de desaparición forzada.

“Yo coincido con él. Se tiene que investigar a todos lo que hayan participado y sancionar a todos los responsables”, finalizó.

En su discurso durante la presentación de la Recomendación General de Desaparición Forzada de Personas, la titular del organismo reconoció que hay ciertas deficiencias estructurales que demuestran la falta de interés por parte de los encargados en procurar la justicia en Veracruz.

Las omisiones encontradas demuestran el incumplimiento de debida diligencia de la investigación, lo que fomenta la impunidad y repetición de los casos y violaciones a los derechos humanos.

Este patrón provocó que los autores materiales e intelectuales de las desapariciones permanezcan libres y que los servidores públicos encargados de las indagatorias sigan con prácticas violatorias de los derechos humanos.

Asimismo, el fondo que necesitaría la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito y Violación a los Derechos Humanos para proporcionar ayuda y reparación integral a las víctimas del delito a través del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, nunca pudo operar, pues el Congreso local no etiquetó los recursos en el presupuesto de egresos del estado, aun cuando existe un mandato normativo.

“El congreso ha ignorado este mandato legal desde que el estado cuenta con legislación en materia de víctimas”.

A su vez, se documentó que en la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito la atención fue deficiente. Se constató que el registro estatal operó de forma tardía en los casos, y solo atendió 26 de los 81 casos que se investigaron.
(CON INFORMACIÓN DE LA REDACCIÓN)

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