Sociedad 3.0

El abogado Juan José Llanes del Ángel calcula que al menos un tercio del total de burócratas del Estado no tiene Seguro Social ni está afiliado al IPE, y que las relaciones de trabajo se enmascaran con “contratos de prestación de servicios” u otras figuras risibles y fallidas que fácilmente son derribadas cuando se incoa algún proceso jurisdiccional laboral.

También deplora que darles estabilidad a los trabajadores mediante el reconocimiento y la afiliación al IPE sea considerado para las autoridades estatales como conceder privilegios o prebendas a los trabajadores que el gobierno puede decidir discrecionalmente, en vez de dimensionarlo como derechos humanos.

Llanes Gil publica en redes un texto al que llama “En materia de seguridad social, con Yunes las cosas siguen igual“. Ahí plantea que: “El tratamiento que se le ha dado a la Recomendación señalada, desnuda, por lo menos, dos cosas: una, que al gobierno yuneslinarista le cuesta o no desea cumplir su compromiso de reparar el déficit de legalidad que se arrastra en Veracruz, ni siquiera en rubros tan sensibles como lo son los Derechos Humanos, y tan sencillos, como lo es dar seguridad social a trabajadores”.

A continuación, el texto completo:

En materia de seguridad social, con Yunes las cosas siguen igual

Creo que resulta imprescindible colocar el tema en contexto:

De acuerdo con el documento “Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo”, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (visible en http://www.cndh.org.mx/…/cartil…/2015-2016/15-DH-trabajo.pdf), el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), en sus artículos 6 y 7 establece, entre otros, el derecho al trabajo y a la estabilidad de los trabajadores en sus empleos.

La “estabilidad laboral” significa -continúa el documento- que el trabajador debe gozar de su permanencia en el trabajo, para surtir su seguridad personal y laboral, que le permite trabajar con dignidad y tranquilidad, en la inteligencia de que solamente puede ser separado de su empleo por causa justa o legal.

Aunado a ello, “los derechos humanos laborales se encuentran íntimamente ligados a la seguridad social”, de acuerdo con la CNDH. El derecho a la seguridad social se cristaliza en el acceso de los trabajadores a los sistemas de salud y protección social, a través de las instituciones establecidas para proporcionarlos, para que gocen de protección para el caso de enfermedad, accidentes generales, riesgos de trabajo, pensiones por incapacidad para el trabajo, viudez u orfandad, que constituyen un mínimo de seguridad social que los empleadores están obligados a otorgar a los trabajadores, derechos que configuran el derecho humano a un trabajo decente.

Sentado lo anterior, cabe decir que, en Veracruz, al Gobierno del Estado (el actual, y todos los que lo han precedido), el tema de la estabilidad laboral y la seguridad social le disgusta. Auténticos sátrapas, los gobernantes han añorado los días del porfiriato en los que se podía despedir sin consecuencias a cualquier trabajador, y no era necesario proveerles seguridad social de ninguna clase.

A pesar de la opacidad con la que opera el gobierno de Miguel Ángel Yunes (no sabemos exactamente cuántos trabajadores hay en el gobierno y cuantos tienen seguridad social), podemos asegurar que, por lo menos, la tercera parte de quienes prestan un servicio personal subordinado a alguna instancia del Gobierno, no está afiliada al IMSS y menos aún al IPE. Además, se intentan enmascarar las relaciones de trabajo con fallidos contratos de “prestación de servicios profesionales” o algún sucedáneo (risible), que se derrumba a la hora de pasar los filtros de los tribunales.

Y es que, para el gobierno, reconocer la existencia de relaciones laborales y afiliar a trabajadores al Instituto de Pensiones, equivale a reconocerles su derecho a la estabilidad laboral (dicen, inapropiadamente, darles “base”). Equiparan, entonces, la estabilidad laboral y la seguridad social a “privilegios”, o prebendas que el gobierno puede decidir conceder discrecionalmente, y no se dimensionan como Derechos Humanos.

En el caso de los trabajadores de la Universidad Pedagógica Veracruzana (que depende de la Secretaría de Educación de Veracruz), que este miércoles 25 de octubre recibieron una modesta cantidad de dinero a título de reparación del daño que les ocasionó el gobierno por violar sus Derechos Humanos (violación que comenzó en la fidelidad y que se ha prorrogado -sin que exista disculpa posible- en el gobierno de Yunes Linares), se sientan varios precedentes importantes:

1.- Cada persona que presta un servicio personal subordinado a cambio de una contraprestación periódica en dinero (salario) para el Gobierno de Veracruz, y que no tiene seguridad social (esto es IMSS e IPE o ISSSTE), tiene el carácter de víctima de violación a Derechos Humanos.

2.- Con independencia de que existan otras vías del Derecho a través de las cuales exigir del gobierno-patrón el cumplimiento de la obligación de proveer seguridad social, quedó demostrado que, para los organismos autónomos tutelares de derechos humanos, esa omisión gubernamental constituye una violación a derechos fundamentales, susceptible de ser materia de una Recomendación.

3.- Ante ello debe corregirse el déficit en materia de seguridad social de los trabajadores, esto es, afiliarlos al IMSS e IPE o ISSSTE (según corresponda), y ponerlos al corriente en sus cuotas que, a la postre, les permitirán jubilarse y pensionarse.

4.- Debe, después, repararse el daño: la “justa indemnización” a la que se refieren los instrumentos nacionales e internacionales tiende a sancionar la conducta violatoria de Derechos Humanos por parte de los gobernantes. Y aunque no existen aún bases objetivas que permitan cuantificar en pesos el daño que se provoca a una víctima de violación a Derechos Humanos, es importante advertir que la transgresión a derechos fundamentales tendrá un costo para el Gobierno.

5.- No hay cabida para la impunidad. La Recomendación 04/2017 (como todas), es tajante al disponer que deben imponerse sanciones a los servidores públicos que violen derechos humanos.

El tratamiento que se le ha dado a la Recomendación señalada, desnuda, por lo menos, dos cosas: una, que al gobierno yuneslinarista le cuesta o no desea cumplir su compromiso de reparar el déficit de legalidad que se arrastra en Veracruz, ni siquiera en rubros tan sensibles como lo son los Derechos Humanos, y tan sencillos, como lo es dar seguridad social a trabajadores.

Que evidenciado, también, que acatar las Recomendaciones que emiten los organismos autónomos pesa al Gobierno del Estado, cuyos integrantes sienten que es una insolencia exigir respeto a los derechos fundamentales. Peor aún: llevada la soberbia a niveles paroxísticos, el gobernador exige que se le dispense trato de prócer cuando, en realidad, mientras existan trabajadores en su gobierno sin seguridad social está inhabilitado para hablar de Derechos Humanos.