Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

Por unanimidad, con 38 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la propuesta en la que se establece que vivir con VIH o con SIDA no puede ser considerado como causal para la negación de servicios de salud, despido laboral, expulsión de una escuela, desalojo de una vivienda, entre otras medidas discriminatorias.

La iniciativa reformó varios artículos de la Ley para enfrentar la epidemia del VIH-SIDA, buscando garantizar el respeto de los Derechos Humanos de las personas con esta enfermedad, mismos que se encuentran establecidos en la Constitución Política y los tratados internacionales.

Concretamente se modificaron los artículos 21, 22, 23 y 24; y se adicionaron los artículos 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 al Capítulo III, con el corrimiento de los artículos que integran el Capítulo IV, “De las Sanciones”.

Con ello, además de recibir atención médico – hospitalaria en las instituciones de salud pública, el Estado deberá de garantizar a los enfermos consejería, asesoría y apoyo de manera individual o en grupo, así como el tratamiento requerido, en los términos de la Ley General de Salud.

Finalmente, se establece que la Contraloría General del Estado vigilará y supervisará que en todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, la actuación de los servidores públicos se ajuste a las disposiciones.

En el artículo 43 se estipuló que los servidores públicos que discriminen a las personas con la enfermedad se harán acreedores a una multa de hasta de cien mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), que les impondrá la Contraloría General.