Juan José Llanes Gil del Ángel

Como es ya conocido, la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev), enarboló desde hace algún tiempo la propuesta de dotar de autonomía constitucional al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. A lo largo de ese itinerario (explicando en qué consiste la propuesta, recabando firmas para formular una iniciativa popular y enriqueciendo su agenda con las propuestas que han emanado de las distintas organizaciones de jubilados y pensionados), los principales tropiezos los han producido, por una parte, las resistencias de las organizaciones sindicales que concurren en el Consejo Directivo del IPE y, por otra, la ignorancia de quienes no entienden qué significa la autonomía constitucional.

Se llega al punto de decir (haciendo eco del cinismo de aquellos saqueadores del IPE), que la autonomía constitucional del Instituto de Pensiones implica desembarazar al Estado del pago de las pensiones. Falso: implica robustecer la obligación estatal para con los pensionados. Se llega al extremo de implicar que la autonomía es casi sinónimo de privatización. Falso, también.

Empezando por el principio, se debe precisar que, en la estructura del gobierno, al lado de los tres poderes primigenios (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), coexisten los organismos autónomos; cabe decir: CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, porque su autonomía la otorgó el constituyente. Se trata de funciones QUE SON DEL ESTADO y SIGUEN SIENDO DEL ESTADO, pero que el poder revisor de la Constitución decidió que no era conveniente que estuvieran bajo la regencia de alguno de los poderes primigenios.

Así pues, es absurdo decir que la función electoral, no es una función del Estado. Claro que es una función del Estado y se solventa con presupuesto público. Pero el constituyente decidió que no debía estar en manos de ninguno de los tres Poderes (menos aún en manos del Poder Ejecutivo), y optó por crear un organismo autónomo: el INE.

Es absurdo decir que la función de tutelar Derechos Humanos no es una función del Estado. Claro que es una función del Estado y se solventa con presupuesto público. Pero el constituyente decidió que no debía estar en manos de ninguno de los tres Poderes (menos aún en manos del Poder Ejecutivo), y optó por crear organismos autónomos: las Comisiones de Derechos Humanos.
Y al igual que estos, la función de FISCALIZAR: así nacen -en la Federación- la Auditoría Superior; en el Estado, el Órgano de Fiscalización Superior. La función de TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DEL PODER: así nacen -en la Federación- el Instituto Nacional de Acceso a la Información; en el Estado, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.

En el pasado reciente, un avance significativo lo ha representado el proyecto de darle autonomía constitucional a la procuración de Justicia: próximamente será designado un Fiscal General de la República.

El Sistema Anticorrupción (a pesar de sus defectos) se basa, justamente, en la autonomía de los órganos que se encargan de combatir este fenómeno (las Fiscalías Especializadas, en particular), cuya autonomía se exige que sea total.

Todas estas son funciones del Estado.

Decir que darle autonomía constitucional al IPE implica “desmantelarlo” o “privatizarlo” o relevar al Estado de su obligación de pagar las pensiones, no solamente es un absurdo conceptual: es un acto de mala fe. Es como decir que la autonomía otorgada a los otros organismos autónomos implicó “privatizar” o “desmantelar” la procuración de Justicia, la tutela a Derechos Humanos, los procesos electorales, la fiscalización de recursos públicos, el combate a la corrupción…

La propuesta de autonomía constitucional del IPE NO TOCA EL RÉGIMEN FINANCIERO, ni releva al Estado de su obligación de cubrir las pensiones.

Simplemente REUBICA al Instituto de Pensiones dentro del esquema general del Gobierno y lo coloca fuera de las manos del Poder Ejecutivo. La razón es simple: han sido los gobernadores los que han saqueado y quebrantado al IPE, porque el titular del Poder Ejecutivo es el que decide quién lo maneja y cómo lo hace. El director del IPE es un empleado puesto por el Gobernador. El “Consejo Directivo” del Instituto (denunciado ante la Fiscalía General del Estado), no ha hecho más que legalizar y autorizar el latrocinio.

En los organismos autónomos, su titular es designado por el Congreso.

Y más aún:

Colocar en la Constitución, como órgano constitucionalmente autónomo, al IPE, implica SELLAR y BLINDAR principios básicos que han preocupado a los pensionados:

1).- Se sella y blinda (al colocarla en la Constitución Local), la premisa que dicta que el ESTADO es el RESPONSABLE de las pensiones.
2).- Se sella y blinda (al colocarla en la Constitución Local), la premisa que dicta que el sistema de pensiones se basa en la SOLIDARIDAD INTERGENERACIONAL, para evitar que se caiga en la tentación del sistema de cuentas individuales.
3).- Se sella y blinda (al colocarla en la Constitución Local), la premisa que dicta que el IPE debe rendir cuentas de manera puntual, periódica y transparente, y, la más importante:
4).- Se sella y blinda la premisa que dicta que el patrimonio del IPE debe ser utilizado única y exclusivamente para los fines del propio Instituto, (el principal: pagar las pensiones), contando SIEMPRE CON EL SUBSIDIO del Estado ante cualquier insuficiencia.

Hasta ahora, los más interesados en sabotear la propuesta de autonomía constitucional del IPE son, por supuesto, los miembros del Consejo Directivo de este Instituto que avizoran que, de consolidarse la propuesta, dejarán de ser ellos los que decidan el destino del dinero de las pensiones.

Se oponen, también, quienes estiman que si el titular del Poder Ejecutivo tiene en sus manos al IPE (y sus recursos), eso está bien. No obstante, creo que si una lección hemos debido aprender (dolorosamente), es que no hay funcionarios incorruptibles.

Se oponen, finalmente, aquellos que, de buena fe se preocupan porque ignoran en qué consiste la autonomía constitucional: no saben de qué se trata o qué implica. Pero entre aquellos que también desconocen el tema, están quienes que se resisten a informarse o esparcen auténticos despropósitos.

Como siempre, expreso mi mejor disposición de debatir el tema públicamente, cuándo sea, con quien sea, y en donde sea, de manera abierta, respetuosa e informada.