Por si acaso…
Por Carlos Jesús Rodríguez

*Secretos Duarte-Prensa: ilegales
* Yunes: obligado a transparentar

AL INICIAR su administración, en Diciembre de 2010, el entonces Gobernador Javier Duarte de Ochoa –actualmente procesado en el reclusorio Norte de la capital del País-, ratificó reservar en secreto el gasto de su gobierno en materia de publicidad y convenios con medios de comunicación local y nacionales a fin de ocultar la domesticación que hacía de la prensa escrita, radiofónica, televisiva e, incluso, de portales de internet que solaparon toda clase de corruptelas de él, de sus familiares y de colaboradores, en lo que constituye, sin duda, el acto más vergonzoso de una prensa amansada y alineada para ensalzar al gobernante en turno, acallando crímenes, secuestros, desapariciones, asaltos, asesinatos de periodistas, entrega de concesiones para transporte a sus familiares y amigos, viajes pagados al extranjero y un sinfín de actos que configuraron uno de los peores saqueos que ha sufrido el Estado en toda su historia. Duarte de Ochoa disponía a discreción de recursos para la “difusión de programas y acciones oficiales”, pero cuidó muy bien mantener fuera del escrutinio público dicha erogación multimillonaria. Con la reserva de secrecía, las abultadas bolsas y la forma en que fueron repartidos no podían ser conocidos por la sociedad, pues la información fue clasificada como “reservada” según el oficio CGCS/UAIP/067/2014, emitido por la Coordinación General de Comunicación Social de Duarte que determinaba que: “el gasto de publicidad social es información reservada, con base en el acuerdo que tiene por objeto clasificar como de Acceso Restringido, en la modalidad de ‘Reserva”, la información relativa a la partida 513636100005, (denominada) ‘Difusión de Mensajes sobre Programas Gubernamentales’”.

EL RECLAMO, sin embargo, al sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares para que informara del saqueo, lo indujo a interponer un amparo Federal para destrabar el secreto mejor guardado tanto por Gina Domínguez (en prisión) y Alberto Silva Ramos en su carácter de coordinadores de comunicación social, de tal suerte que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia le concedió el amparo declarando inconstitucional la reserva total de los datos sobre gasto de comunicación social decretada por la Administración de Duarte. Y es que tanto Gina como Beto Silva habían dicho que eran inexistentes las facturas emitidas por los medios de comunicación y los cheques con los que se les pagó, y lo peor es que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información confirmó la reserva o secrecía argumentando que ser difundida de manera individualizada la información de los pagos a cada medio por parte del pretérito Gobierno, “anularía el poder de negociación del Estado frente a los propietarios”, pero la Corte Suprema le refutó aduciendo que “cuando el Estado contrata servicios de tiempos en radio y televisión con privados, como cualquier otra contratación realizada por el Estado, debe rendir cuentas y ello se hace, en principio, a partir de la divulgación de la información de ese acto jurídico”. En suma: “no hay una relación empírica entre clasificar como reservada todo un género o tipo de información y evitar un daño a la estabilidad financiera o no perjudicar a terceros”, dice en la sentencia del Ministro Alfredo Gutiérrez.

POR ELLO, con la determinación de la SCJN, el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ya no tiene pretextos para no informar a la sociedad en torno al monto de los convenios signados entre su antecesor y los diferentes medios de comunicación, llámense prensa escrita, radiofónica, televisiva, portales, revistas o, incluso, panorámicos y rotulaciones en bardas cuando se trataba de promocionar algo. Se trata de transparentar (aunque en los informes aparezcan altos funcionarios del Gobierno) y que la sociedad sepa a cuánto ascendió la erogación en seis años a las cuentas de la prensa pero, no solo eso, que se informe también, porque debe haber registros de lo anterior como protección de los propios ex coordinadores de comunicación social, a cuánto ascendía el efectivo que se daba mensualmente a directivos, jefes de información y redacción e, incluso, a columnistas y reporteros, de tal suerte que se clarifique la relación y el gobernante en turno deje de medir a todos con el mismo rasero, como hasta el momento lo viene haciendo, en un afán de deslindarse de los medios bajo la acusación de que todos somos duartistas o beneficiarios de ese régimen.

VAMOS, SERIA importante que ahora que la Corte declaró inconstitucional la reserva o secrecía de la información duartista en torno a convenios que mantenía con medios de comunicación, Yunes Linares informe, también, de los acuerdos que la prensa tuvo con el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, ya que ello fortalecería la transparencia que tanto necesita el Estado y, de paso, dé a conocer con seriedad exenta de ligereza –y no como ocurrió en la comparecencia del actual coordinador de comunicación social, Elías Assad Danini-, ¿con qué medios tiene (Yunes) convenios? ¿Cuánto gasta su gobierno en esa materia y a quiénes beneficia mediante “cochupos subrepticios”?, pues en eso consiste la verdadera transparencia ya que de lo contrario la relación se troca en complicidad y se incurre en los mismos vicios de Duarte y acaso de Fidel. Por ello la importancia de que transparente de una vez por todas las relaciones de Fidel Herrera con la prensa para terminar con especulaciones.

Y ES que ni siquiera la información inherente a Herrera Beltrán relacionada con el costo de los servicios de promoción, publicidad y difusión de las acciones de su gobierno en los diversos medios debe ser un secreto, como no lo debe ser la de Miguel Ángel Yunes Linares, a quien este jueves el Grupo Legislativo del PRI le dijo –durante su innecesaria comparecencia ante el Congreso del Estado- que en el tema de la inseguridad, “los resultados están a la vista, no hay seguridad en Veracruz, y la percepción ciudadana se corresponde con lo que en realidad está pasando”; en política económica y financiera le recordaron que hay muchas inconsistencias en los datos oficiales que revelan, por lo menos, la simulación con que se manejan las cifras, ya que existen cerca de 8 mil millones de pesos que se deben al SAT, y que fueron borrados del déficit anunciado en el Informe, en tanto se está negociando con la institución Federal su pago (acaso guardando ese dinero para la campaña de su hijo), sin que hasta el momento se haya saldado la deuda. También le echaron en cara las deudas institucionales que mantiene, hasta el día de hoy, con los 212 Ayuntamientos (motivo por el cual su hijo tomó el Palacio y Casa de Gobierno a finales del sexenio pasado), maleabilidades que se presentaron cuando el Secretario de Finanzas no logró justificar los más de 4 mil millones que aún se encuentran reflejados en cuentas bancarias, y que deberían ya estar ejecutados, pues falta un mes para que concluya el ejercicio 2017. Así las cosas…OPINA carjesus30@nullhotmail.com