Xalapa- 2017-12-0315:15:12- Leticia Rosado / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO

Diputados del Congreso del Estado, enviaron una iniciativa al Congreso de la Unión a fin de realizar modificaciones a diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde buscan que no se otorgue libertad condicional a los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y por hechos de corrupción.

En la Gaceta Oficial del Estado (GOE) en su número extraordinario 480 publicado el pasado viernes, se dan a conocer las modificaciones a los artículos 137, 141, 144, 145 y 146 de dicha ley.

Los diputados locales justificaron estas modificaciones al señalar que se observa el inicio de procedimientos en contra de funcionarios y exfuncionarios que se presume han cometido graves conductas de corrupción en contra de sus propios conciudadanos y las arcas públicas y que gozan de libertad.

En este sentido hay que recordar que en la entidad veracruzana se cuenta con los casos de los exfuncionarios estatales, Leonel Bustos Solís (prófugo de la justicia), exdirector del Régimen Estatal de Seguridad Social y el exsecretario del Trabajo y Previsión Social, Gabriel Deantes Ramos, quienes se presume cometieron actos de corrupción y se encuentran defendiendo sus casos en libertad.

“De ahí la necesidad de una reforma a la Ley Nacional de Ejecuciones Penales, para que los delitos cometidos por hechos de corrupción sean incluidos en las excepciones de no aplicación a beneficios preliberacionales, porque el hecho de que estos tengan acceso a dichas medidas provoca un sentimiento de impotencia de la ciudadanía por la impunidad que se da con estos delincuentes de cuello blanco”, señalan los legisladores en la iniciativa.

Explican que hoy en día se observa el inicio de procedimientos en contra de funcionarios y exfuncionarios que se presume han cometido graves conductas de corrupción en contra de sus propios conciudadanos y las arcas públicas.

“Para ser más específicos, observamos que actualmente se están investigando a altos funcionarios y ex funcionarios de los estados de Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, entre otros 12, por lo que el Congreso de la Unión debe reajustar la normatividad vigente para poder reprimir de adecuada forma estas acciones antijurídicas”.

Agregan que el enriquecimiento desenfrenado del que han gozado un puñado de seudoservidores públicos, ha desembocado en la ruina de la infraestructura social y en la creación de un Estado parapléjico ante el hambre, ante la salud, la educación y la inseguridad que hoy se vive.

Es por ello que buscan crear herramientas que vayan a la par de aquellas para la lucha contra la corrupción, debido a que un factor para que se sigan generando prácticas ilícitas, es precisamente porque a aquellos servidores públicos que se ven involucrados, consideran que el sistema de impartición de justicia es flexible y pueden fácilmente salirse por la tangente sin tener que responder a la justicia.