David Quitano Díaz
26 de diciembre de 2017

Hay que entender a la seguridad pública como meta, la seguridad jurídica como medio, y la seguridad social como punto de partida.

Massimo Pavarini

El individuo cuando no duda, tiende a realizar aseveraciones que en muchas ocasiones se sustentan sobre columnas de arena. Ante ello, quiero plasmar en estas líneas algunas condiciones que -infiero, motivaron la creación de la Ley de Seguridad Interior (LSI).

Las fuerzas armadas en México, especialmente el ejército, además de cumplir su función como cuerpo de seguridad nacional, hoy realiza labores de policías locales: patrullaje, detención de delincuentes del fuero común, investigación de delito. Esto ha afectado la formación de policías locales y civiles.

Con el apoyo federal en materia de seguridad, los gobiernos locales han desatendido la capacitación de los cuerpos civiles. Además, la presencia militar ha generado preocupaciones crecientes sobre el uso de la fuerza y el respeto a los derechos fundamentales.

Ya que se trata de fuerzas de seguridad nacional preparadas para la guerra y para eliminar al enemigo, no de cuerpos de prevención del delito. Sin embargo, se le ha asignado tareas civiles para las que no están diseñadas ni preparadas.

Las tareas de seguridad pública y seguridad nacional se han confundido, lo que ha puesto en riesgo a la ciudadanía y a los miembros de las fuerzas armadas, así como la estabilidad institucionalidad y el orden constitucional( Catalina Pérez Correa y Javier Romero Vadillo en Foreign Affairs Latinoamérica número 4-2017).

Ante un desplazamiento del equilibrio constitucional entre el poder civil y militar, sumado a la falta de sustento constitucional y las denuncias de violaciones reiteradas de los derechos humanos, las fuerzas armadas requieren naturalmente de un marco normativo que legitime y regule su actuación en tareas de seguridad pública.

El término “seguridad interior” se menciona únicamente en el artículo 89 de la Constitución que se refiere a las facultades y obligaciones del presidente de la república. En la fracción VI referente al jefe del ejecutivo, se le otorgan facultades para “preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas permanentemente o sea del ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior” A la vez, no está explícitamente incluido entre las facultades otorgadas al Congreso en el artículo 73 constitucional.

Desde el punto de vista económico, Latinoamérica comparte una  característica con México: es la región que menos presupuesto dedica a la defensa en proporción con el Producto Interno Bruto (PIB). De acuerdo con el anuario Military Balance, en 2016 América Latina y el Caribe gastaron aproximadamente 1% del PIB en defensa.

La Red de Seguridad y Defensa de América Latina(Resdal) confirma estas cifras y revela que en los últimos 7 años el presupuesto de defensa se ha mantenido en torno al 1.3% de la región y 3.7% del Estado.

La gran mayoría de los militares en Latinoamérica están ocupados en labores internas. Cuando se desglosan los presupuestos en defensa por país se revelan también otras vulnerabilidades pues, en varios casos, están más influidos por las variaciones en el precio de las materias primas, como el petróleo o en cobre, que por las necesidades de defensa y seguridad.

La cada vez mas ambigua distinción entre funciones policiales y militares dificulta la operación de las políticas públicas de seguridad. Sin embargo, la idea de una despolitización del ejercito se entiende como parte de un proceso mas general de modernización del Estado.

Entonces aquí surgen algunas disyuntivas ¿Es viable sacar a los militares de las calles? ¿Las políticas estatales y municipales son capaces de contener el avance de los Carteles?.

Ambas interrogantes tienen cifras inobjetables, en los últimos 10 años ha habido 210 mil víctimas de homicidio.  Es el equivalente a borrar del mapa a una ciudad media (Hope, 2017).  Lo anterior, es técnicamente igual a todos los muertos de todas las batallas de toda la historia del país.

¿Cómo solucionar ese contexto? Respondo: se requiere de la construcción permanente de las fuerzas que den respuestas a las demandas de los afanes de cada época. ¿La ley de Seguridad Interior dará respuesta a estos legítimos afanes? …., lo platicamos en mi próxima entrega.

Pero en definitiva, la visión apocalíptica de la ley no la adquiero completamente. Será difícil tejer el consenso, porque esto parece echar para atrás la “Ola democrática” ejercidad hace más de 3 décadas con el destierro de la milicia de la vida política.