POR SI ACASO…
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
6 de diciembre del 2017

*Prisión preventiva nulidad
*Urge devuelvan lo robado

MUY A pesar de que el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) que opera en el País solo contempla prisión preventiva para siete delitos considerados graves, enumerados por el artículo 19 de la Constitución como: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivo e infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, y en ese sentido los presuntos infractores serán encarcelados “por si acaso” durante el proceso, en Veracruz se ha vuelto costumbre decretar un año de prisión preventiva o más para, casi, todo tipo de ilícitos, más aún si los involucrados o denunciados son personajes del pasado, esto es, funcionarios de la pretérita administración, lo que permite advertir que más allá de aplicar la ley se incurre en actos de venganza, pues lo primordial no es encarcelar a los responsables del saqueo sino obligarlos a que devuelvan lo robado. Y en ese tenor la justicia, tampoco, ha sido pareja, ya que sujetos que están en la mira de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía General del Estado han sido, veladamente, perdonados por quienes ejercen el poder luego de que, intramuros, cedieron parte del “botín” a quienes les acusan u ofrecieron información comprometedora, entre otros, los ex oficiales mayores de la Secretaría de Educación de Veracruz, Edgar Spinoso Carrera y Vicente Benítez, además de Adolfo Mota, Erick Lagos Hernández, Jorge Carvallo y Juan Manuel del Castillo, por solo citar algunos. Hay otro tipo de indulto que solo está al alcance del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares es el concedido a los García Guzmán-Escalante, de Pánuco, quienes en el pasado reciente fueron calificados de ser “tapaderas” de Duarte, y hoy día son clasificados como “distinguidísimas” y “honorables” personas, todo porque el jefe de ese clan, Ricardo García Guzmán entregó a quien gobierna información valiosa que le ha permitido cuadrar denuncias y detenciones de sus enemigos.

LO CURIOSO es que ninguno de los detenidos se inscribe en los siete ilícitos que la propia Constitución configura como graves y por los que el NSJP determina prisión preventiva, y acaso por ello –y tal vez porque en muchas Entidades se repite la misma historia-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha decidido enviar a la Cámara Federal de Diputados un pronunciamiento en el que exhorta al Estado mexicano a considerar la prisión preventiva como medida cautelar, excepcional, y reconocer la presunción de inocencia a las personas a quienes se le aplica. Y es que una de las motivaciones que impulsaron la reforma constitucional era reducir la sobrepoblación en cárceles del País, ya que, actualmente muchos reos se encuentran compurgando penas sin tener una sentencia definitiva y en otros fueron sentenciados por delitos menores. Derechos Humanos advierte en la prisión preventiva que se sigue aplicando por delitos menores la ausencia para que el Estado mexicano garantice la seguridad jurídica a las personas, ya que la dilación en el plazo razonable no sólo implica afectar al privado de la libertad sino los derechos de víctimas que en el proceso se ven afectadas. Por ello considera necesario que se tome en consideración la necesidad de resolver los procesos penales dentro de los plazos constitucionales establecidos a fin de garantizar, en su caso, la reparación del daño a la víctima, permitiéndole acceder también a procesos de justicia restaurativa.

LA CNDH recomienda al Estado mexicano, por lo tanto, privilegiar medidas cautelares a la prisión preventiva cuando ésta no sea necesaria, esto con el propósito de brindar a la persona la oportunidad de llevar su proceso en libertad. Con esto, dice, se considera la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites constitucionalmente establecidos de aplicación a la acción de la justicia, sin que ello implique modificar la medida cautelar de prisión preventiva por otra restrictiva de la libertad. Y es que, sin duda, la prisión provisional o preventiva es una medida cautelar de carácter personal que afecta el derecho de la libertad personal durante un lapso más o menos prolongado, la cual sólo procederá cuando las demás medidas cautelares fueren insuficientes para asegurar los objetivos del procedimiento penal, en este caso, a) Que haya fuertes indicios de culpabilidad; b) Que exista riesgo de fuga que puede poner en peligro el cumplimiento de la pena (si el juicio finalizase con una sentencia de culpabilidad) y, c) Que pueda destruir pruebas, suponga un peligro para la víctima o para evitar el riesgo de que pueda cometer otros hechos delictivos (en el caso de algunos delitos graves). En suma, la prisión preventiva se decreta cuando no existe otro método más eficaz, pero debe ser la última opción, de tal suerte que los juristas recomiendan utilizar otras medidas cautelares como, por ejemplo, el arresto domiciliario o una caución económica (fianza), ya que es contraria al principio de presunción de inocencia puesto que pena (o sentencia) al acusado aún antes de que se haya demostrado su culpabilidad, siendo imposible de reparar el daño que se le cause en el caso de que finalmente sea declarado inocente. Dicha afectación puede referirse a la imagen, reputación, vida laboral y privada de los imputados.

EN ESE sentido, la prisión preventiva, tal como se aplica en Veracruz –en un amasiato entre el Poder Judicial con el Ejecutivo-, priva al acusado de su libertad durante un periodo determinado, aun cuando todavía no haya sido condenado, así haya cometido o no un delito grave. La encarcelación la fundamenta, casi siempre el juez, en un hecho refutable: que el inculpado tiene dos o más domicilios y es probable que se dé a la fuga, lo que resulta risible, sobre todo si existen opciones para retenerlo como la incautación del pasaporte e, incluso, de la credencial del INE o hasta el arresto domiciliario.

Y NO es defensa a los que están en prisión, sobre todo a duartistas que saquearon el Estado y se favorecieron con los recursos del pueblo, sino una reflexión que intenta fundamentar que es más importante exigir a los inculpados la reparación del daño cometido a los gobernados mediante la devolución de lo robado, que seguirlos manteniendo, pues no hay que olvidar que consumen alimentos, energía eléctrica, servicios, y que, para variar, se ‘pagan fuertes sumas a quienes les vigilan, y todo eso sigue saliendo del bolsillo de los contribuyentes. Así las cosas…OPINA carjesus30@nullhotmail.com