Ni es tanto dinero el que requiere el Sistema de Administración Tributaria (SAT) al Fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz. Son apenas 7 mil 600 pesos. Pero en el caso de un funcionario de tan elevado rango en la Entidad, no es el monto en sí lo importante, sino la actitud de omitir el cumplimiento de un mandato legal.

Porque precisamente la característica primordial en la persona del señor Winckler como servidor público es que es una institución persecutoria de los delitos. Su misión y razón de ser son buscar que se cumpla la ley, que nadie sea omiso en acatar el marco jurídico, para lo que, inclusive, tiene a su disposición herramientas para someter a quien intente sustraerse.

¿Cómo se puede confiar en quien aplica (suponiendo que lo haga) la ley sobre los demás, pero no está dispuesto a someterse a ella? Aunque el monto de lo inobservado sea modesto, el problema real es la ausencia de un compromiso ético.

Ahora el señor fiscal declara que la multa es por un asunto oficial, derivado de una inejecución de amparo, pero dando por hecho que ello sea cierto, el requerimiento por estrados ante la imposibilidad de localizarlo en su despacho privado, revela el gran desorden que tiene Winckler en sus cosas, que sería lo de menos, si no fuera porque lo refleja en los asuntos que conciernen a los veracruzanos.