Desde el café
Bernardo Gutiérrez Parra

En Estados Unidos y otros países del mundo, es común saber de personas que demandan al Estado por haber sido detenidas y encarceladas injustamente. También es común que el Estado reconozca su error, otorgue el perdón, indemnice con una buena cantidad monetaria y limpie el nombre del perjudicado, de tal manera que éste pueda rehacer su vida.

Pero eso es allá.

Acá las habas se cocinan de otra manera.

Francisco Javier Domínguez Crudo, tenía 18 años cuando comenzó una pesadilla que duró seis años y medio.

El 6 de agosto del 2011 se encontraba descansando en su vivienda hasta donde llegaron unos policías ministeriales que lo sacaron a golpes y lo acusaron de haber “levantado” a una persona que días después apareció asesinada.

¿Hubo una investigación a fondo de este delito? No. Las autoridades se basaron en un “pitazo” que recibieron de un sujeto (o sujetos) que evidentemente detestan a Francisco Javier.

Esto bastó para que el joven pasara ese tiempo recluido en el penal de Pacho Viejo donde convivió con auténticos delincuentes y asesinos, ya que bajo tortura lo obligaron a que se declarara culpable de un crimen que jamás cometió.

Carnicero de oficio y nativo de Soledad de Doblado, Francisco Javier fue procesado por tres delitos: robo de vehículo, secuestro y homicidio. Y era candidato a pasar como mínimo 30 años en prisión.

Sus familiares gastaron un dinero que no tenían en abogados que siempre le dieron largas al asunto, hasta que el dinero se acabó y se acabó también la defensa.

Fue entonces que un litigante se ofreció a llevar el caso sin cobrar un centavo y demostró que el acusado era ajeno al levantón, robo y asesinato, por lo que la jueza de la causa ordenó su inmediata liberación.

Ayer este joven estuvo en Xalapa donde narró su desventura y pidió a las autoridades que limpien su nombre y reparen el daño que le ocasionaron.

Y yo vuelto a donde empecé; he sabido de casos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde el Estado acepta que cometió un error garrafal como el que cometieron las autoridades de Veracruz con Francisco Javier, y al agraviado le otorgan hasta un millón de dólares de indemnización por cada año que haya pasado injustamente en la cárcel.

¿Será que el gobierno veracruzano vaya a indemnizarlo con seis millones y medio de pesos por el mismo número de años que pasó en prisión?

Se ve muy difícil. Sobre todo, si quien gobierna Veracruz alega que esa injusticia se perpetró en el sexenio de Javier Duarte y por lo tanto es éste quien debe pagar.

Se hiela la sangre sólo de pensar que por un pitazo, por un simple pitazo, cualquier ciudadano de bien puede perder su libertad y vivir una pesadilla como la que vivió este joven.

¿Te imaginas, lector? Seis años y medio en la vida de este muchacho encerrado en una cloaca. Es decir, más de 2 mil 200 días que lo marcarán para siempre, pagando por un delito que no cometió.

¿Qué va a pasar con Francisco Javier? Quizá el gobierno veracruzano en un acto de magnanimidad reconozca que metió la pata y limpie su nombre. Pero hasta ahí. No creo que haya más recompensa.

¿Y qué va a pasar con los ministeriales que lo torturaron y le arrancaron una mentirosa confesión? ¿Qué va a pasar con quienes dieron el pitazo? ¿Qué va a pasar con quienes realmente cometieron ese crimen?

Nada; por desgracia nada. Y es que nunca pasa nada en Veracruz.

bernardogup@nullhotmail.com