Coatzacoalcos- 2018-02-2314:56:04- Gerardo Enríquez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la empresa Pro Agroindustrias de Petróleos Mexicanos proceder legalmente contra exfuncionarios de esa empresa involucrados en la compra a un sobreprecio de la Planta de Agronitrogenados, ubicada en la zona industrial de Coatzacoalcos, la que después de casi 4 años de inversión de recursos públicos, aún no ha producido una sola tonelada de las más de 900 mil toneladas de fertilizantes que se dijo iba a producir.

En la Auditoría que concluye el pasado 12 de enero, la ASF presume que por la compra a sobreprecio de la planta que tenía más de 18 años fuera de operación, la paraestatal sufrió un daño patrimonial por el orden de 500 millones de dólares, pues dicha planta que perteneció al Grupo Acerero del Norte propiedad de la familia Ancira, no ha podido producir ni una sola tonelada de fertilizante.

Cabe señalar que dicha planta chatarra fue adquirida en el periodo del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien también está involucrado y con denuncias en la PGR por los escándalos de los contratos millonarios otorgados al consorcio Brasileño Odebrecht en los tiempos en que estuvo al frente como directivo de la paraestatal.

De acuerdo al resultado de la Auditoría correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016, el 29 de agosto de 2014, se formalizó el contrato número AGRO-DG-003/14, para desarrollar la ingeniería, procura y construcción de la rehabilitación de las plantas de urea y otras instalaciones auxiliares en el esquema a libro abierto por un monto de 80,000.00 miles de dólares a precios unitarios para la fase I, quedando pendiente la determinación del monto a precio alzado de la fase II y un plazo de 610 días naturales, del 29 de agosto de 2014 al 29 de abril de 2016.

Mediante la orden de cambio número 1 del contrato número AGRO-DG-003/14 del 17 de noviembre de 2015, las partes acordaron modificar las cláusulas primera, tercera y quinta del contrato, referentes a las definiciones, importe y plazo, determinando el estimado del costo final por 443,099.2 miles de dólares y un periodo de ejecución de 943 días calendario, del 29 de agosto de 2014 al 28 de marzo de 2017.

Tomando en cuenta que originalmente se presupuestó que la planta se rehabilitaría con 195.0 millones de dólares, y con base en las 25 estimaciones de obra pagadas de la fase I y fase II, se observa que el costo de la rehabilitación tiene un incremento de 100.7 millones de dólares y 956.6 millones de pesos, sin considerar el costo adicional de 24 millones de dólares para los carbonoductos los cuales están concesionados.

Los montos pagados en 2016 y considerados en las estimaciones de la 14 a la 25 son 219.5 millones de dólares y en moneda nacional se han pagado 589.4 millones de pesos. En el análisis de la documentación relativa al contrato número AGRO-DG-003/14, que tiene por objeto la “Ingeniería, Procura y Construcción para el Desarrollo del Proyecto de Rehabilitación de Plantas de Urea y otras Instalaciones Auxiliares”, se observó que la entidad fiscalizada formalizó la compra de la planta con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación, considerando que se tendría una capacidad instalada para producir anualmente 990 toneladas de urea a partir de la fecha de terminación de su rehabilitación. Los aspectos antes mencionados sirvieron de base para la toma de decisiones y aprobación del caso de negocios en la Sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de fecha 17 de diciembre de 2013, por lo que es evidente que se adquirió una planta que careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de adquisición y no es razonable que se justifique que el costo del mantenimiento se ha incrementado argumentando que la parte vendedora no permitió que se inspeccionaran los equipos, lo que en consecuencia es el origen de la deficiente programación del costo de mantenimiento debido a la carencia de evaluaciones económicas y comerciales en la fase de evaluación de la integridad mecánica de la planta, con el propósito de garantizar que la adquisición de la planta y su rehabilitación se llevara a cabo con las mejores condiciones para el Estado Mexicano.

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión adquirieron una planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación, la cual no ha generado utilidades para el Estado.

Con ello se incumplió con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados, los costos han sido rebasados de 195,000.0 a 443,099.2 millones de dólares, los tiempos se han alargado de 610 a 943 días calendario y a la fecha de la auditoría (noviembre de 2017) no ha generado utilidades para el Estado, por lo que el proyecto no ha sido rentable.

Entre las irregularidades detectadas, están las siguientes: Se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; asimismo, careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento desde el proceso de su adquisición.

No se establecieron antes de la contratación de los trabajos los conceptos o partidas que la contratista podría subcontratar; asimismo, no se cumplió con verificar que la contratista demostrara su capacidad técnica, material y humana conforme a lo pactado en el contrato.

Se excluyeron trabajos del alcance del contrato sin señalar cuándo se realizarán, no obstante que son relevantes para la operación de la planta.

Los criterios de adjudicación no son claros, homogéneos ni se encuentran definidos, ya que se aplicaron criterios diferentes para adjudicar los subcontratos a las empresas.

No se justificó el sobrecosto en el pago de diversos conceptos con un monto mayor del autorizado.

La contratista no acreditó tener la capacidad técnica, material y humana para la realización del objeto del contrato.

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