Los máximos mandos policiacos de la Entidad Veracruzana en el anterior régimen constitucional están siendo detenidos por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de genocidio cometido por el propio Estado. Esto es algo similar, en términos esenciales, aunque con diferencias proporcionales, a los actos cometidos por el nazismo, el fascismo, el socialismo soviético, el comunismo chino, el franquismo, las dictaduras militares de Argentina y Chile o las masacres tribales de Iddi Amín. Repetimos, acaso lo ocurrido en aquellos sistemas no sea igual en magnitud a los hechos que hoy estremecen a Veracruz, pero en esencia se cubren los tipos penales que incluyen asesinatos, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en contravención de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violación y desaparición forzada de personas. Hasta el momento se cita el asesinato de 200 personas, exterminadas por personal paradójicamente destinado a garantizar la seguridad de la población y que operó con recursos públicos, cometiendo los homicidios dentro de instalaciones oficiales, a las cuales además se les dio el destino de cementerios. Toda esta monstruosidad, ejecutada al amparo de un régimen de gobierno estatal constitucional, dentro de una democracia y sin que el Gobierno Federal, representado por el presidente Enrique Peña Nieto se diera por enterado, y al contrario, una y decenas de veces manifestara su contento con la cabeza visible de tamaña aberración, el inmundo gobernador Javier Duarte de Ochoa.