Bitácora Política 

Por Miguel Ángel Cristiani G.
  • No hay prisa por designar a quien debe investigar a corruptos
  • El Congreso debió nombrarlo después de 10 días de su creación
  • Tampoco se ha nombrado al Contralor del Poder Legislativo

 

Finalmente, todo parece indicar, que este jueves saldrá humo blanco en la Cámara de Diputados federal para aprobar el nombramiento del que será el titular de la Auditoría Superior de la Federación ASF, de entre una terna formada por Ángel Trinidad Zaldívar, Arturo Orci Magaña y David Colmenares Páramo.
Con anterioridad la Junta de Coordinación Política, la famosa JUCOPO de la Cámara de Diputados acordó que el nombramiento del Auditor de la Federación se haga en secreto, es decir mediante un papelito, para evitar que se sepa quien votó por quién.
Acá en el terruño veracruzano, también permanece empantanado desde hace ya mucho tiempo, el nombramiento del Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, cuya creación fue votada y aprobada por unanimidad desde el pasado 19 de diciembre del 2017 y esta es la hora que no hay para cuando, se vaya a presentar ante el pleno la discusión y aprobación del titular de ese importante cargo.
Si bien es cierto que ya desde hace cuatro meses se aprobó la creación de la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, hasta la fecha actual, no hay para cuando se vaya a nombrar al Fiscal encargado del combate a la corrupción en el estado.
Pareciera como que a nadie le interesa que exista una dependencia encargada de investigar y perseguir los hechos cometido por funcionarios públicos estatales y que se consideran como delitos de corrupción.
Pero resulta que los y las señoras diputados -encargados de aprobar las leyes- estarían incurriendo en desacato, ya que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado recientemente modificada- y el respectivo Decreto aprobado se establece que “Por única ocasión el Congreso del Estado procederá al nombramiento del Fiscal Anticorrupción dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto, el Congreso del Estado emitirá la convocatoria a que hace mención el artículo 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El plazo de registro durará cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, la comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales recibirá las solicitudes de registro, realizará las entrevistas y presentará la terna al Pleno para su votación, dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de registro.”
Y si no se ha procedido a nombrar al Fiscal Anticorrupción, mucho menos se han designado a los titulares de las Contralorías de las dependencias estatales, que también forman parte del sistema anticorrupción.
Hace unos días, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, el diputado panista Sergio Hernández Hernández -quien al parecer está más preocupado y ocupado en lograr su reelección como legislador- declaró que los nombramientos pudieran irse hasta después del primero de julio y que “no hay un plazo determinado”.
¿Y por qué hasta el primero de julio? Pues para esperar a que pasen las elecciones ya que dentro de los nombramientos de que se tienen que hacer está el del Contralor del Congreso y seguramente que no desea que le sea auditado, el uso discrecional del presupuesto multimillonario, que ahora puede utilizar con absoluta opacidad y de manera discrecional, hasta para su campaña electoral.
Respecto al tema del nombramiento del Fiscal Anticorrupción, ya la todavía coordinadora de la fracción legislativa del PRD, la diputada Yazmín Copete Zapot acusó que la fracción del PRI quiere sacar “beneficio político” de la negociación, para obtener los 34 votos necesarios para dar el nombramiento del funcionario. “El PRI está forzando seguramente para llevarse una parte de propuesta para efectos de poder tener algunos representantes afines a ellos, porque finalmente les interesa seguirse cuidando”.
En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores a priorizar la capacidad de los aspirantes y no anteponer un interés político.
Consideró que el tema “no se tiene que relacionar con el proceso electoral, los legisladores deben actuar con madurez y validar el nombramiento por mayoría calificada.”
 Así las cosas, en el Poder Legislativo, que luego de cuatro meses de la aprobación del sistema estatal anticorrupción, todavía no hay para cuando puedan ponerse de acuerdo y nombrar a quien se encargue de combatir los actos de corrupción de los funcionarios públicos y de que los hay, los hay.
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