Carlos Marín, escribe en Milenio: “Anaya pide al Presidente Peña sacar las manos del proceso electoral y dejar de usar las instituciones de justicia para perseguirlo. La insólita difusión del video con su visita para dejar un escrito hace pensar lo mismo que el candidato frentista. Más aún, sorprende que el titular de la Unidad contra lavado de dinero lo invitara a declarar, pues se entregaba un documento dirigido al encargado del despacho de la PGR y no al subprocurador de la Seido. Difícil saber si la exhibición del video fue para demostrar la disposición de tomarle su declaración formal o para exhibir el insulto que Diego Fernández de Cevallos dice haber proferido. Sin embargo, según las informaciones periodísticas, Anaya tuvo relaciones económicas con empresas y personas de conducta presuntamente criminal, y la PGR está obligada a investigar (o incumpliría un deber legal), no a exonerar a nadie sin justificación, por candidato presidencial que sea. Lo que Anaya debiera enfatizar es que, si cometió un delito, se proceda en su contra, en vez de insistir en afirmar que se trata de una persecución política”.