Con respecto al gasoducto Tuxpan-Texas, cuyo convenio se firmó en corto en Boca del Río, entre el Gobierno del Estado y la empresa TransCanadá, que implica inversiones por 700 millones de pesos, supuestamente en beneficio de los municipios veracruzanos por donde cruzará,  surgen varias dudas, a saber:

1. ¿Por qué el acuerdo se firmó en Boca y no en Túxpam u otro municipio del norte del estado?

2. ¿Por qué no se invito a la alcaldesa de Tamiahua a la firma de ese convenio?

3. ¿Por qué se presiona a la munícipe en cuestión a través de la prensa afín al Gober o través de altos funcionarios para que acepte los términos del acuerdo sin la certeza de que los beneficios de ese recurso lleguen realmente a los habitantes de Tamiahua? 

Lo cierto es que este asunto enfrenta lo que establece el Artículo 115 Constitucional que versa sobre la autonomía municipal, defendida con dignidad por los tamiahuenses y su gobierno,  y los oscuros intereses implicados en este asunto.

En realidad, el Gobierno del Estado ha manejado muy mal este relevante tema o algo muy negro se oculta tras estas negociaciones.

Tarde o temprano se sabrá.