Alejandro “N”, cómplice del ex secretario de Seguridad Pública Arturo “N” en los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias fue vinculado a proceso nuevamente.

Esto tras reponerse el procedimiento en su contra por mandamiento judicial, por autorizar contratos millonarios a las empresas del ex titular de la SSP en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Arturo “N” en su carácter de secretario, así como Alejandro “N” como Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, están acusados de haber abusado de su poder en la cadena de mando de la dependencia.

Lo anterior por otorgar el contrato SSP/UA/016/2016 para el suministro de víveres a favor de Roberto “N”, socio y amigo de Bermúdez “N”, quien también fue vinculado a proceso.

El auto de vinculación contra Alejandro “N” fue confirmado este lunes por un juez de control de Pacho Viejo, luego que la justicia federal le concedió un amparo para echar abajo la resolución del auto de formal prisión, decretada en audiencia del 17 de noviembre de 2016 y ordenó su reposición.

De acuerdo con el juzgador, fue el subcomité de adquisiciones de la Secretaría de Seguridad Pública, a su cargo, el que autorizó el otorgamiento del contrato a la empresa “Guardias Empresariales en Seguridad Privada S.A de C.V”.

Dicha empresa era propiedad de Roberto “N” y Carolina Bermúdez Zurita, aun sabiendo que estaba incumpliendo la Ley debido al grado de parentesco con el ex secretario.

Aunque en la reposición, resuelta en el toca de queja 204/2017, se solicita a la Fiscalía que en su solicitud de vinculación no presente como dato de prueba la relación con la empresa beneficiada, dejó intocado el informe con el que se avala que existen otras empresas en las que Arturo “N”, sus padres, hermanos, e incluso su esposa, son socios de Roberto “N” y que aparentemente también habrían obtenido contratos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acusa que de manera indebida se autorizó el contrato celebrado el 29 de febrero de 2016, pues no se puso de conocimiento al subcomité de adquisiciones en pleno que era una empresa donde Arturo “N” participaba, por lo que se aprovecharon de sus cargos para conceder el contrato, lo que supone la comisión del delito de tráfico de influencias.

De esta manera quedó justificado el beneficio a terceros, en este caso, Roberto “N”, socio y amigo del ex servidor público, que si bien no cobró la totalidad del monto por el que se erigió el contrato de 91 millones de pesos.

El contrato fue celebrado de manera onerosa e incluso interpuso denuncias contra la SSP para que las mil 988 facturas que reclamaba fueran pagadas.

Además, el juez destacó el dolo con el que actuaron los vinculados, pues existe un elemento de prueba consistente en un oficio en el que Alejandro “N” solicitó al tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que eliminara de la lista de proveedores a la empresa de Alejandro “N”,  posterior a la denuncia presentada por Miguel Ángel Yunes Linares el 20 de julio de 2016 por dichos delitos, para tratar de eliminar la evidencia.

Así, el ex Jefe de la Unidad Administrativa de la SSP dejó de presentarse hace más de un año a las audiencias del caso, argumentando en todo momento que se encuentra delicado de salud, en un sanatorio de la Ciudad de México.

Xalapa- 2018-03-0719:37:57- Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO