Xalapa- 2018-03-0814:04:54- Es preocupante la falta de designación de fiscales especializadas en delitos sexuales y contra la familia por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Esto ya que haberlas despedido sin ocupar los cargos no abona a la atención de la violencia contra las mujeres, consideró la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos en el Congreso del estado, Martha Mendoza Parissi.

En ese sentido, consideró que las acciones emprendidas por los tres órdenes de gobierno contra la violencia de género en la entidad siguen sin dar resultados, puesto que en la actual administración de Miguel Ángel Yunes Linares han sido asesinadas más de 250 mujeres en Veracruz, según datos del Observatorio de violencia contra mujeres de la Universidad Veracruzana.

Recordó que estadísticamente una mujer violentada denuncia a su agresor hasta seis veces, y cuestionó cómo se garantiza la protección de las mujeres si no se cuenta con los fiscales encargados de atender estas denuncias.

Entrevista en el acto conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer en Palacio de Gobierno, advirtió que tras la remoción de 22 fiscales especializados la fiscalía a cargo de Jorge Winckler debe atender el reclamo social para la designación de personal calificado.

“Es un tema muy delicado que más de 22 fiscales se hayan dado de baja y que no se ha nombrado, de por sí era necesario una mejor atención en las fiscalías especializadas, que hayan dado de baja a 22 y que no se hayan instalado, me parece que no abona a disminuir el problema”.

 “No sé cuál sea la razón, si sea una reingeniería no lo sé, es muy preocupante porque una mujer antes de ser asesinada va a denunciar entre cinco y seis veces. Sabemos que los feminicidios siempre los comete un familiar o una pareja sentimental.

 Y el que las posibilidades de atención y de denuncias se reduzcan me parece que no abona mucha para atender el problema”.

Mendoza Parissi agregó que si bien la Fiscalía no ha sido omisa, debe poner mayor atención en la contratación de fiscales especialistas, especialmente para las zonas indígenas.

“No comprendo porqué no lo ha tomado en consideración si es un reclamo social, no solamente en zonas rurales sino en zonas indígenas que es donde falta una mayor presencia de autoridades de la Fiscalía”.