Xalapa- 2018-04-0816:09:40-  La empresa Proactiva está recurriendo a medios legales para evitar que el gobierno municipal de Hipólito Rodríguez Herrero le rescinda el contrato para manejar el relleno sanitario de El Tronconal.

Ahora busca ampararse ante la determinación del gobierno de Morena, no obstante la demanda fue desechada por notoriamente improcedente por parte del Juzgado Decimoctavo de Distrito en Xalapa.

Cabe recordar que en sesión de Cabildo el viernes pasado se aprobó la extinción del contrato que fue ratificado al final del gobierno del priísta Américo Zúñiga Martínez por un período de 15 años, decisión avalada por la LXIV Legislatura.

Sin embargo la actual administración municipal señala a la empresa de violaciones a las normas de seguridad ambiental y omisión en la entrega de recursos para campañas de concientización, de ahí que se dio por terminado el contrato a partir del aval de los ediles.

Así este 5 de abril la empresa se amparó contra el alcalde, cuya denuncia quedó asentada en el expediente 282/2018 por la rescisión del contrato.

Sin embargo el recurso fue desechado por notoriamente improcedente, pues de acuerdo con el juez federal, el amparo es prácticamente la última instancia a la que debía recurrir la empresa, puesto que habría de agotar primero el juicio contencioso administrativo.

Esto quiere decir que por dicha vía podría revocarse la decisión del gobierno de Rodríguez Herrero para rescindir el contrato en caso de llegar a Tribunales.

Cabe señalar que el demandante no contempló el principio de definitivad, es decir, la rescisión del contrato no es definitiva, ya que puede revocarse por vía administrativa.

“Por lo que la parte quejosa deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente con jurisdicción territorial en el municipio en el que tenga su domicilio el demandante dentro de los quince días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo.

“Asimismo, se advierte que mediante el juicio contencioso administrativo puede revocarse o nulificarse los actos de la administración pública estatal, es decir, todos aquellos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar sus dependencia centralizadas y entidades paraestatales, municipales, paramunicipales y el órgano de fiscalización superior, que afecten los derechos de particulares. En las condiciones referidas, se estima que el quejoso debió agotar dicho recurso antes de acudir al juicio constitucional”, plantea el acuerdo.

Jesús Ruiz/ AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO