El alcalde de Las Choapas, Miguel Ángel Tronco Gómez y siete regidores, abandonaron el palacio municipal minutos antes de las 9:00 horas, ante el rumor que un juez habría obsequiado una orden de aprehensión en contra del cabildo por desacato.

La supuesta orden judicial había sido obsequiada, luego que los representantes del gobierno local, incumplieran con el pago de varios cientos de miles de pesos a una empleada que habría sido despedida de manera injustificada en el 2011 y actualmente se desempeña en el departamento de gobernación.

Incluso, los ediles que no habían llegado a su oficina, se les habría informado por llamadas telefónicas y mensajes de textos para que no se presentarán; la ausencia de los integrantes del cabildo, provocó que los servicios de gestión quedaran suspendidos por tiempo indefinido.

Según fuentes extraoficiales, explicaron que desde la semana pasada, los integrantes del órgano rector, iniciaron con el procedimiento de amparo para protegerse de la orden de detención inmediata pero hasta la mañana de ayer no había sido resuelto.

CALLAN FUNCIONARIOS

Al respecto, la titular del departamento jurídico, Ana Yoselin Sánchez Hidalgo, dijo que el alcalde Miguel Ángel Tronco Gómez “no anda huyendo por alguna cuestión local”, pero se negó a opinar al respecto, toda vez que no podía difundir el procedimiento de la denuncia laboral que interpuso Ana María García Torres, debido que se lo impedía la ley de transparencia (Sic).

La entrevista fue interrumpida, por una persona que se dijo ser uno de los tres apoderados legales del ayuntamiento, que más tarde se supo que era supuestamente padre de Ana Yoselin, ordenado a su hija que no proporcionada mayor información y que declarara al respecto, el secretario del ayuntamiento, Bernardo Marín Suarez.

Minutos más tarde, Marín Suarez, corrió a los representantes de los medios de información de su oficina, a pesar que es un edificio público, negándose también a emitir algún comentario al respecto.