Mediante una mera argucia técnica, cuatro magistrados del Tribunal Electoral legalizaron los registros alterados, los documentos inválidos y las desechables fotocopias con las que Jaime Rodríguez, alias “El Bronco”, intentó sorprender al Instituto Nacional Electoral para allegarse la candidatura a la Presidencia de la República. El INE no permitió ese ataque a la legalidad y a la moral pública, pero ahora el Poder Judicial lo convalida.

La inferencia es muy sencilla. Se trata de una intervención directa de la Presidencia de la República sobre el ánimo de cuatro togados susceptibles de corrupción y flexibles al cumplimiento de compromisos previos con el que les dio la oportunidad de llegar a donde están, que es el titular del Poder Ejecutivo, quien en su momento los propuso al Congreso para ser magistrados.

No de otra manera se explica una determinación de tanta trascendencia social, donde un formulismo técnico es puesto por encima de la ley, aplicada correctamente por un ente del Estado. Más importante que basarse en la inobservancia de una supuesta garantía, debió considerarse que convalidar la infracción cometida es someter a todo el sistema electoral a una irregularidad que, en caso de que eventualmente el infractor llegara a ganar la elección, significará entronizar como jefe de las instituciones nacionales a un sujeto de baja estofa moral, capaz de engañar, mentir y trampear sin escrúpulos.

No tardará mucho la prensa nacional en revelarnos la índole de los magistrados que hoy han actuado, no como garantes del Estado de Derecho destinado al bien común, sino como simples leguleyos ajenos al verdadero interés nacional