Xalapa- 2018-04-2512:24:56- Magda Zayas Muñoz

Para el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Sergio Gerardo Martínez Ruiz es indudable la existencia de una violación gubernamental a la autonomía de ésta instancia, pero además es notoria la tibieza de su titular quien permite se viole la independencia que debe permanecer para garantizar un proceso electoral equitativo.

 

Y es que en septiembre del año pasado el Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares determinó de manera ilegal reducir el presupuesto para este año electoral por un monto de 200 millones de pesos y muy a pesar de que el Consejero Presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla podía promover un juicio electoral para exigir el respeto a la autonomía, no lo hizo, es decir consintió un hecho gravísimo “OPLE envió presupuesto a SEFIPLAN de 1,300 millones de pesos, pero lo redujeron a mil 109 millones, es decir menos 200 millones de pesos”.

 

Lo anterior refirió Sergio representa un foco rojo para el proceso electoral del 01 de julio donde a nivel estatal se elegirá al Gobernador y diputados locales. Fue en 2016 cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sentó las bases para evitar la vulneración a la autonomía presupuestal al resolver en un juicio promovido por OPLE Veracruz, quien en ese entonces se inconformó por la intromisión del Gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado quien –como hoy lo hace Miguel Ángel Yunes Linares- decidió reducir el presupuesto con argumentos fuera de la ley.

 

Al resolver, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejo en claro desde 2016, que:

 

1.- El titular del Poder Ejecutivo no tiene facultades para modificar el presupuesto, ya que de conformidad con la Constitución Política del Estado de Veracruz, el único que puede llevar a cabo dichos ajustes es el Congreso Local por disposición expresa.

 

2.-  La reducción al presupuesto del OPLE afecta el adecuado funcionamiento; el Consejo debe cumplir por lo menos con los servicios básicos para desempeñar sus funciones y ante la falta de recursos se afecta el desarrollo normal del proceso electoral.

 

3.- La reducción del presupuesto es una violación a los principios de independencia e imparcialidad, toda vez que puede haber influencia debido a la omisión de pago, además eso impide el cumplimiento de las obligaciones básicas como las prerrogativas de los partidos políticos, pudiendo traducirse como presión.

 

Y es que en el referido juicio electoral marcado con el número de expediente: SUP-JE-108/2016 sentó las bases para que organismos electorales locales no permitan más se vulnere su autonomía, pues la reducción del dinero público permite al Poder Ejecutivo controlar a las autoridades encargadas de salvaguardar un proceso electoral lo cual pone en riesgo la propia legalidad del proceso, donde por cierto, este año es un hijo del Gobernador en turno quien busca también la silla gubernamental.

 

En la resolución expuesta por los magistrados además dejan en claro que el Gobernante estaría violentando la propia constitución al intentar meter mano en la reducción del presupuesto del organismo electoral local, puesto que, el diez de febrero de dos mil catorce, con la reforma política-electoral aprobada por el Congreso de la Unión, los artículos 41 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedaron conforme a los siguiente:

 

“[…] Artículo 41. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece esta Constitución”

 

Apartado A.  “El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores.

 

[…] Apartado C. “En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales.

 

Artículo 116, aparatado C “Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones”.

 

Por todo lo anterior, Martínez Ruiz, lamentó que el titular del OPLE haya optado por la inacción, permitiendo que el Gobernador pisotee la autonomía del organismo lo cual podría traer severas consecuencias en la elección del 01 de Julio; además recordó que existen inejecuciones de sentencia, pues el propio Tribunal Electoral ha ordenado el pago de adeudo atrasados al organismo electoral, pero Bonilla no ha actuado.

 

Apenas en febrero de este año, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, declaró que tribunales electorales sin autonomía no le sirven al país ni a la sociedad. De ahí, la urgencia de sensibilizar a los congresos para que estos organismos jurisdiccionales cuenten con un porcentaje fijo del presupuesto, tanto en año de proceso electoral, como en los años en los que no se celebren elecciones.

 

Otálora Malassis recordó que la Sala Superior del TEPJF ha establecido en diversas sentencias que los órganos electorales locales y los tribunales electorales deben contar con los recursos suficientes para cumplir con sus atribuciones legales y constitucionales, sin sujetarse a limitaciones arbitrarias de otros poderes, pues es la propia Constitución Federal que ordena a los poderes estatales garantizar las condiciones necesarias a fin de que los órganos electorales estatales rijan su actuar con independencia, lo que se logra al dotarles de recursos públicos necesarios para su adecuada función.

 

AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO